El mercado negro de los «riders» de Glovo en Madrid: alquilan sus licencias a «sin papeles»

Imagine que usted pide la cena a través de Glovo y el repartidor asignado para llevársela a su domicilio es otra persona diferente al que sale en la aplicación del móvil. Por insignificante que pudiera parecer el detalle, detrás de esta situación se esconde un tráfico ilegal de licencias entre los «riders» que trabajan a diario en Madrid. El pedido llega, pero Víctor no lo entrega. En su lugar, aparece Gilberto. Ambos son venezolanos, pero la diferencia es que el segundo tiene un pasaporte europeo que le permite darse de alta como autónomo y trabajar en Glovo, mientras que el primero no. «Llegué a Madrid en noviembre y me quedé trabajando porque con lo que facturo al mes me alcanza para mis gastos y enviar dinero a mi familia en Venezuela», comenta Gilberto, ingeniero recién graduado. Por utilizar su cuenta le paga a Víctor el 30% de lo que ingresa; el primero de cada mes, Víctor recibe el salario de Gilberto y le da entre 900 y 1.000 euros netos en efectivo de sus más de 60 horas semanales trabajadas. Sin embargo, no todos tienen la misma «suerte». Juan Pablo llegó hace apenas cuatro meses a Madrid y en su primera experiencia como repartidor lo estafaron. Entre los «riders» aseguran que las licencias de Glovo dejaron de asignarse desde noviembre del año pasado por la gran demanda dentro del oficio. Los dueños de las cuentas son en su mayoría venezolanos que obtuvieron las licencias hace dos o tres años y ahora las alquilan a recién llegados. Los realquilados, que no cuentan con ningún tipo de seguro y protección, tienen que pagar hasta un 30 por ciento de sus ingresos a los trabajadores «oficiales» «Yo la alquilo así: les quito el 20 por ciento del IRPF de lo facturado, el 21 del IVA que lo ingresan a parte y la cuota de autónomo», explica un dueño de una cuenta que no quiere identificarse. Sus beneficios mensuales pueden rozar los 300 o 400 euros solo por alquilar la cuenta para que otro la trabaje: «También la he alquilado a personas con papeles que no encuentran trabajo. Ellos pagan aparte el alquiler de la moto y la gasolina». Una realidad paralela La empresa, fundada cuatro años atrás en Barcelona, cerró 2018 con una facturación cercana a los 80 millones de euros, un 79 por ciento más que en el ejercicio anterior, saldado con 17 millones. En España, los pedidos crecieron un 217 por ciento. Unos números que, sin embargo, contrastan con la realidad que deben afrontar los nuevos «arrendatarios» de licencias. Si los responsables de la compañía estiman que un repartidor cobra alrededor de 9 euros la hora –5 euros por pedido, a una media de entre 1,7 y 2 encargos cada 60 minutos–, en este mercado negro las cifras bajan ostensiblemente. A tenor de los datos ofrecidos por Glovo, aquellos que trabajen 35 horas semanales (140 al mes) percibirán una remuneración de 1.260 euros, de los que 378, en los casos más extremos, irán destinados a pagar el alquiler ilegal de la licencia. Además, del monto restante se deberá descontar la cuota de autónomos y el mantenimiento del vehículo utilizado para el reparto. Dada la situación irregular en la que se encuentran la mayoría de realquilados, la bicicleta es el medio más utilizado ante el temor de ser descubiertos. «Hay más posibilidades de que te paren en un control de tráfico si llevas una moto», advierten. Por ello, muchos «riders» ilegales utilizan el servicio municipal de alquiler de bicicletas, Bicimad, para llevar a cabo los pedidos. Aunque algunos señalan la necesidad de transportar la mercancía en mochilas neutras, sin el distintivo de ninguna empresa, para evitar ser multados –«Empezamos a usar otros bolsos porque vimos como la Policía impuso multas de 500 euros a varios repartidores porque Bicimad no está permitido para usos comerciales», incide Gilberto–, lo cierto es que desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés, niegan cualquier tipo de sanción administrativa por el uso de estos vehículos para fines comerciales. Pese a que el reglamento de Bicimad prohíbe su uso para fines comerciales, la nueva Ordenanza de Movilidad no refleja infracción por este tipo de portes En la última ordenanza de Movilidad, aprobada con los votos de Ahora Madrid y PSOE el pasado 5 de octubre, «no está prohibido transportar mercancías comerciales en bicicletas y, por tanto, no puede haber multas al respecto», explican fuentes del área. Por otro lado, la Empresa Municipal de Transportes (EMT), encargada de la gestión del servicio, «posee un reglamento, pero tampoco es sancionador». Así, según informa el Ayuntamiento, la única posibilidad de cometer una infracción es trasladar una carga que exceda las dimensiones reglamentarias, hecho que no se cumple con las mochilas de los «riders». No obstante, en el apartado 11 del reglamento de Bicimad, publicado actualmente en su página web, se especifica que «la bicicleta se usará exclusivamente para el transporte del usuario, no pudiendo transportar a otras personas, animales o mercancías. Tampoco podrán utilizarse la bicicleta, ni las estaciones, para fines comerciales». Sentencias judiciales Dejando a un lado el vehículo empleado, lo cierto es que el tráfico ilegal de licencias se ha disparado desde que –según denuncian los realquilados– Glovo dejara, a finales del año pasado, de emitir nuevas debido a la saturación de la plantilla. En un periodo donde tres nuevas sentencias emitidas por el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid ordenan readmitir con una indemnización a tres de sus repartidores despedidos de manera improcedente, la empresa de mensajería declinó dar explicaciones a ABC, cuestionada por este mercadeo de licencias. Estas resoluciones constatan la «relación laboral» y la «inviabilidad» de los empleados para realizar otras actividades económicas por cuenta ajena, apoyándose, además, en un dictamen anterior esgrimido por el Juzgado Social número 33 de Madrid, que por primera vez catalogaba de falso autónomo a un «rider» de esta compañía.

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