El juez quiere acumular las causas de Villarejo y García Castaño

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere enmendar una de las inexplicables decisiones que tomó su antecesor Diego de Egea en el caso Villarejo y unificar la instrucción en unas solas diligencias. De Egea separó en dos causas distintas la investigación contra este comisario y contra quien Anticorrupción considera su socio en el consorcio criminal: el también comisario Enrique García Castaño, alias Gordo o Big. El magistrado ha pedido a las partes que se pronuncien sobre esta acumulación, que había sido instada por la Fiscalía en varias ocasiones. El 11 de julio del año pasado, cuando se detuvo a García Castaño, De Egea abrió unas nuevas diligencias, distintas a las de la operación Tándem por la que Villarejo llevaba en prisión desde noviembre de 2017. Y eso que los primeros indicios contra el Gordo partían de las grabaciones (ocho DVD) intervenidas en un chalé de Boadilla del Monte, propiedad de Villarejo, y en numerosa documentación. Esa decisión provocó una fractura entre la Fiscalía y el magistrado. Anticorrupción recurrió. Además argumentó que Big aparecía en las piezas Iron y Land, que De Egea archivó y la Sala reabrió el pasado diciembre. Acusaciones a favor Ahora, García Castellón ha pedido a las partes que se pronuncien. Tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por Podemos apoyan que haya una sola causa. Los indicios evidencian el «trabajo conjunto, coordinado y constante» de Villarejo y García Castaño en una sola organización criminal con numerosa actividad delictiva, por lo que «ningún motivo existe para investigar y enjuiciar a estas dos personas de manera separada y por hechos diferentes», resume la acusación en su escrito presentado ayer. El Gordo era, según la investigación, el responsable de obtener tanto información como herramientas, tecnología y recursos humanos dentro de la Policía «para su uso indebido y criminal». Era el suministrador y se valía para ello de su condición de comisario principal en la Comisaría General de Información, como aparece en los proyectos Land y Iron, amén de las piezas secretas Kitchen (espionaje a Bárcenas) y Trampa (BBVA). Ambos comisarios establecieron «un sistema de precios, de colaboradores/cómplices dentro de la Policía y de adquisición e incluso robo de material de la Policía Nacional». Querían organizar un servicio regular para facilitar información confidencial a empresarios rusos; diseñaron una estrategia contable para facturar a los clientes por sus servicios ilegales a través de empresas de propiedad directa o indirecta de Villarejo... Castaño y su familia recibieron además supuestos pagos de Villarejo y disfrutaron de vehículos propiedad de este o de su entramado empresarial, según la acusación.

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