El Gobierno de España, a través de su representante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TECH) con sede en Estrasburgo, subrayó ayer la violencia de los asaltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla con «piedras, cuchillos y armas de fuego» y defendió que en nuestro país no ha habido expulsiones colectivas de extranjeros, sino «no admisiones». La Gran Sala de la Corte de Estrasburgo celebró ayer vista pública para la revisión de una sentencia de 2017 por la que España fue condenada a raíz de dos devoluciones sumarias -llamadas también «devoluciones en caliente»- practicadas en 2014, un fallo contra el que el Ejecutivo entonces de Mariano Rajoy presentó recurso. El pronunciamiento de la Gran Sala se hará públicó en los primeros meses de 2019 y de él está pendiente el Gobierno de Pedro Sánchez con vistas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que durante años el PSOE ha prometido «derogar», entre otros, en lo que respecta a los «rechazos en frontera», aunque una vez en La Moncloa, los socialistas lo supeditan a lo que diga la Corte de Derechos Humanos. En la sesión de ayer, el representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, diferenció entre la «inmigración económica» del caso examinado y la de los refugiados sirios y de otros países en guerra, a los que -dijo- «el principio de no devolución no se aplica». «La no admisión no significa expulsión», reclamó. Argumentó que el Estado también debe defender los derechos de los ciudadanos europeos, para lo que tiene que «ordenar el flujo migratorio» y advirtió de que «las organizaciones terroristas o criminales aprovechan estos flujos» no regulados para enriquecerse. «Si usted está en casa con su familia y una persona en peligro llama a la puerta y explica las razones, le dejaría entrar. Pero si de repente ve que seiscientos hombres fuertes intentan romper sus ventanas, entonces cierra las ventanas ¿Está previniendo que entren en su casa o está expulsando a esa gente? ¿Quién está siendo violento e incumpliendo la ley?», ejemplificó, para insistir en que no se trata de expulsiones sumarias sino de prevenir la entrada. Los demandantes dicen que Sánchez dice «lo opuesto» que en la oposición En la sesión celebrada en el Tribunal de Estrasburgo, el abogado alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye representaban los intereses de los dos inmigrantes demandantes, uno procedente de Mali y otro de Costa de Marfil, que llevaron a España a juicio acusando al Gobierno de haberles echado ilegalmente del país en 2014 en una «expulsión de carácter colectivo». El fallo les dió la razón, y el Ejecutivo de Rajoy la recurrió. A la hora ayer del examen de ese recurso, en La Moncloa está Pedro Sánchez, que durante años ha denostado los rechazos en la frontera, pero que ordenó a su representante en la Corte defender esta práctica. Boye, que es también abogado del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, lo puso en evidencia: «Pedro Sánchez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley mordaza (sic), que va en nuestra línea, y el Reino de España viene hoy aquí a defender una línea totalmente opuesta», reprochó.De España https://ift.tt/2zzl0Xt
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