Las nacionalizaciones por la Ley de Memoria se disparan un 50%

El plan del Gobierno para nacionalizar de forma masiva -y conceder derecho a voto- a extranjeros que sean hijos, nietos o bisnietos de españoles se acelera. Sólo durante el pasado febrero, la red consular aumentó un 47 por ciento las solicitudes de nacionalidad aprobadas hasta alcanzar las 18.944, desde las 12.862 que se contabilizaban al cierre del mes anterior, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Portal de la Transparencia. En un momento en el que las encuestas electorales anticipan un resultado ajustado en buena parte del territorio nacional, el ritmo de concesión de DNI españoles por la Ley de Memoria Democrática pasó así de los 4.287 al mes que se venían registrando de media desde el pasado 19 de octubre, cuanto entró en vigor el citado texto, hasta los 6.082 en un sólo mes. El censo electoral que se utilizará en los próximos comicios autonómicos estará basado en el cerrado el pasado 1 de febrero . Por tanto, podrán votar en las mismas los 12.862 nacionalizados por la red consular hasta el 31 de enero, más aquellos que hayan recibido el DNI en los registros civiles españoles. El dato total se desconoce, porque el Ministerio de Justicia no ha hecho públicos estos últimos. Los que logran la nacionalidad a partir del 1 de febrero podrán participar en las próximas elecciones generales. Noticia Relacionada estandar Si Tres meses para ser española: «Mi abuelo renunció a la nacionalidad y no la pudimos obtener. Ahora solo tenemos que esperar» Gabriela Ponte Dos venezolanas serán españolas en tres meses por la Ley de Memoria Democrática El voto exterior puede ser decisivo para la configuración de los bloques políticos en el próximo ciclo electoral, ya que su peso va a crecer por dos vías. Por un lado, por las nacionalizaciones concedidas por la Ley de Memoria, ya que si hasta febrero se aprobaron casi 19.000 nuevos DNI, las solicitudes registradas casi duplicaron esta cifra, al alcanzar las 36.170 en igual periodo. Por otro lado, el voto exterior engordará por la reforma aprobada el pasado otoño por Gobierno y oposición para derogar el voto rogado y facilitar el sufragio de los españoles que viven fuera del país. El sistema anterior obligaba a que los ciudadanos que residen en el extranjero tuvieran que realizar tediosos trámites y desplazamientos para poder votar, y redujo considerablemente su participación electoral. La reforma recién aprobada permitirá, según los cálculos de los partidos, triplicar la participación de los residentes fuera de España. Como se indicaba antes, las cifras publicadas por Exteriores no reflejan el total de nacionalizaciones realizadas, ya que a las gestionadas por la red consular hay que sumar las tramitadas por los registres civiles. Estas cifras se encuentran en poder del Ministerio de Justicia de Pilar Llop , que hasta la fecha s e ha negado a proporcionarlas . De hecho, este departamento y el de Asuntos Exteriores recibieron la misma solicitud a través del Portal de la Transparencia, pero mientras el ministerio que encabeza José Manuel Albares optó por ser diáfano y dar a conocer los datos de su competencia antes de que venciera el plazo, el de Justicia desplegó un argumentario para mantener los suyos ocultos a la opinión pública. Culpa de la informática La directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, firmó la respuesta esgrimiendo que no podía proporcionar el número de nacionalizaciones solicitadas porque las mismas «no se tramitan en este centro directivo», sino ante «los encargados de las oficinas del Registro Civil», por lo que «este centro directivo desconoce el número de solicitudes recibidas en los registros civiles». En cuanto a las solicitudes de nacionalidad española aprobadas por los mismos registros, Puente culpó a la tecnología de no poder facilitarlas. «En el año 2022 la aplicación informática no tenía habilitada esta opción y, por tanto, resulta imposible facilitar el dato. En 2023, previsiblemente la citada aplicación permitirá facilitar el dato total anual de inscripciones practicadas por este concepto». Pese a esos argumentos, lo cierto es que del departamento que dirige Sofía Puente dependen tanto la Subdirección General de Nacionalidad como la del Notariado y de los Registros. De hecho, como las solicitudes de información que recibieron Exteriores y Justicia fueron idénticas, el departamento de José Manuel Albares subrayó la jurisdicción de Puente en los puntos referentes a los datos en poder de los registros civiles. Las nacionalizaciones totales se desconocen porque Justicia dice no saber cuántas concedieron los registros civiles, que dependen de ese ministerio «La competencia para responder a las preguntas número 2, 4, 5, 6, 7 y 8 corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Ministerio de Justicia)», señala la contestación del director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Xavier Martí, en referencia a los datos de nacionalizaciones pedidas, dictadas, expedientes derivados, no atendidos y DNI ya expedidos. Se da la circunstancia de que fue Puente quien rubricó la reforma de la Ley Memoria por la puerta de atrás, para conceder la nacionalidad española a cualquier hijo, nieto y bisnieto de ciudadano nacional en lugar de circunscribirla a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista, como establecía el texto aprobado por las Cortes.

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