El Congreso de los Diputados escuchará este jueves la opinión de Jaume Alonso-Cuevillas, letrado del huido expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, acerca de si procede constitucionalmente excluir algunos delitos de la concesión de indultos que recoge la Constitución. El doctor en Derecho y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona es uno de los comparecientes a los que recibirá hoy la Comisión de Justicia, que trata de avanzar en la reforma acordada prácticamente por unanimidad en la Cámara Baja el 14 de febrero de 2017. Casi dos años después, tal y como informó en ABC Ana I. Sánchez, la prohibición de indultar a quienes cometen ciertos delitos continúa en el aire por la constante dilación del proceso legislativo. Tras once meses en los que se prorrogó sucesivamente el plazo de enmiendas, la modificiación de los indultos entró en una fase de ponencia que cumplirá el próximo 6 de febrero su primer año de vida. Un total de 343 «síes» frente a tan solo un «no» y ninguna abstención avalaron en 2017 que ya es el momento de excluir ciertas penas de la obtención de los indultos gubernamentales. Sin embargo, ahora el PSOE, grupo que en su día propuso esta iniciativa, trata de ralentizar al máximo la tramitación para evitar —o retrasar— un pronunciamiento formal en el Congreso sobre la enmienda del PP que plantea incluir entre los delitos que no podrán indultarse la rebelión y la sedición. La explicación detrás de esta reticencia puede hallarse detrás de las insinuaciones de Pedro Sánchez y de destacados miembros de su Gobierno de que indultarán tras el juicio a los políticos encarcelados por su participación en el «procés», siempre y cuando estos lo soliciten. El Ejecutivo se guarda así el as del indulto en la manga para tratar de mantener su alianza con las formaciones independentistas en el futuro y resolver «con política» el conflicto soberanista en Cataluña.De España http://bit.ly/2skzd6k
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