Costa ratifica que Camps ordenó contratar a la Gürtel en Valencia

Se oscurece el horizonte para Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011 con el PP. El que fuera su mano derecha en la formación regional, Ricardo Costa, mantuvo ayer su acusación y ratificó que Camps encargó contratar a la trama Gürtel en Valencia en el pasado. Costa—que fue condenado en la causa por la financiación irregular del PP de Valencia, un juicio en el que reconoció los pagos en negro— declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el magistrado que reabrió la pieza número 5 del caso Gürtel. Esta rama investiga amaños de contratos en Valencia entre 2005 y 2009 a favor de la red de corrupción. La pieza se encontraba ya cerrada y pendiente de llegar al juicio oral, el momento de la verdad, pero De la Mata la reabrió para esclarecer el rol de Camps, a quien ha imputado delitos de prevaricación y fraude a la administración y quien declarará el próximo viernes. El expresidente valenciano niega las acusaciones y asegura que no hay ninguna prueba contra él. La Justicia rechazó en el pasado investigarle por estos hechos al concluir que los indicios contra él no eran suficientes. Fuentes jurídicas han informado a ABC que Costa, antiguo secretario general del PP de Valencia, ratificó ayer todo lo que declaró como investigado en el juicio por la financiación irregular de la formación regional, en la que fue la primera confesión de un político popular por los pagos con dinero negro al partido. Su declaración cerró el círculo del triángulo de la corrupción, después de que los líderes de la trama —Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias «el Bigotes»— y los empresarios que realizaron los pagos irregulares, que eran contratistas de la administración pública, también reconocieron las acusaciones. Una subordinada le exime En aquel procedimiento, el juez condenó a Costa a cuatro años de prisión y consideró probado que el PP de Valencia se financió con dinero negro en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. La reapertura del caso contra Camps se ciñe por ahora a un solo contrato. El juez busca esclarecer si el expresidente valenciano ordenó a la antigua directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, adjudicar de forma irregular el contrato para instalar los grandes eventos de la región en la feria de turismo Fitur en su edición del 2009 a favor de la empresa Orange Market, la filial de la Gürtel en Valencia. El magistrado no descarta, sin embargo, que pueda ser también responsable de «la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares que no hubieran prescrito», según la resolución judicial de la imputación. La clave es si Ibars -que declara hoy ante el juez, además del cabecilla Francisco Correa -recibió sus órdenes. Además de Costa, ayer también testificaron Pablo Crespo y Paula Sánchez de León, la antigua portavoz y exconsejera de la Generalitat. Ella contradijo el testimonio del antiguo número dos del PP de Valencia y negó que Camps estuviera detrás del método fraudulento. Según Sánchez de León, el responsable era Costa. Camps tendrá su oportunidad el viernes.

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