Todo lo que estará prohibido incinerar por razones de salud pública

Desde ataúdes de zinc a abalorios metálicos pasando por sudarios que no sean biodegradables. La Generalitat ha recopilado en una orden las prohibiciones para preservar la «salud pública» ante las incineraciones de personas fallecidas. La Comunidad Valenciana será la primera autonomía española en establecer prohibiciones en las cremaciones, una práctica que ha crecido exponecialmente en los últimos años hasta el punto de superar a los entierros. En el texto inicial de la orden elaborad por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat se establecía la prohibición de incinerar a personas con obesidad mórbida por la elevada contaminación que generan estas cremaciones. El Gobierno valenciano rectificó después de que transcendiera la medida, que forma parte de un amplio paquete como el veto a las incineraciones de los cadáveres de las personas que hayan recibido tratamiento contra el cáncer mediante inserción de agujas radiactivas. La directora general de Salud Pública, Ana María García, explicó este martes que, en el caso de los obesos mórbidos, la cremación puede generar problemas técnicos y requerir necesidades especiales en el proceso (relacionadas con el volumen de las instalaciones y los sistemas de evaluación de las emisiones). Sin embargo, recalcó que estas circunstancias no atañen a las condiciones sanitarias exigibles a las instalaciones ni suponen un riesgo diferenciado para la salud pública en los términos que trata la orden, pionera en España y todavía en fase de alegaciones. El objetivo del reglamento pasa por revisar y actualizar los requisitos sanitarios para la ubicación y funcionamiento de los hornos crematorios. Así, el documento elaborado por la Conselleria de Sanidad también establece que antes de la cremación se extraerán los elementos termo-activos y se retirarán de los féretros los herrajes y demás elementos metálicos (especialmente, aquellos fabricados con plomo o zinc), así como adornos fabricados en resinas, plásticos o cualquier compuesto susceptible de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos, tras su combustión. Además, los cadáveres no deben vestir ropas o abalorios que contengan elementos metálicos, así como resinas o plásticos, al ser introducidos en el horno crematorio y los materiales de las ropas no deben contener elementos que sean susceptibles de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos tras su combustión. Por ello, preferentemente se utilizarán sudarios fabricados con materiales biodegradables. Asimismo, se prohíbe la cremación de féretros de plomo o zinc y las instalaciones de almacenamiento de ataúdes deben estar cerradas bajo llave, refrigeradas, ser a prueba de roedores y aves y contar con un sistema de control de olores. A doscientos metros de la población Las nuevas condiciones que plantea la Conselleria de Sanidad para poder instalar los hornos crematorios de nueva construcción son que se instalen preferentemente en suelos de clasificación industrial y que no haya núcleos poblacionales o espacios vulnerables en el radio de 200 metros contados a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio. En el caso de que no se cumpla la distancia de doscientos metros a espacios vulnerables, el titular de la instalación deberá presentar un estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones esperadas en el horno crematorio, utilizando modelos matemáticos reconocidos por algún organismo internacional. También deberá aportar a la Conselleria competente en materia de sanidad , los datos meteorológicos de partida utilizados para la modelización, así como los niveles de inmisión obtenidos a diferentes distancias de la ubicación del horno crematorio para los contaminantes. En los últimos años las incineraciones en ciudades como Valencia han crecido de forma exponencial, hasta el punto de superar a las inhumaciones. Una tendencia que ha propiciado la necesidad de regular el funcionamiento de los nuevos hornos crematorios. En 2016, último ejercicio con estadísticas oficiales disponibles, en la capital del Turia se registraron 4.524 incineraciones frente a 3.866 inhumaciones. Hasta ahora no existía una norma ni autonómica ni estatal que regulara estas prácticas desde el punto de vista de la salud pública.

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