El indulto no es un capricho

A Pedro Sánchez se le entendía bien cuando repetía obsesivamente aquello del «no es no». Hace tiempo que dejó de invocarlo, pero habiendo sido tan contundente en sus «noes» a la derecha, hoy sus evasivas solo pueden ser interpretadas como un «sí» preventivo y claudicante al independentismo. No descartar la concesión de indultos a los procesados por rebelión que puedan ser condenados es tanto como admitir que sí se plantearía medidas de gracia si continuase en Moncloa. ¿Gesto político para aprobar sus Presupuestos? ¿Cesión a un chantaje? ¿Generosidad? ¿Demostración de impotencia? La lectura política solo ofrece una conclusión: con el separatismo, el «no es no» siempre es un «quizás». O un «¿por qué no?». Pero no conviene crear alarma prematura. Sánchez se ha abonado a la rectificación perpetua y nunca ha dicho que indultará a los golpistas. Solo ha insinuado que hoy le interesa que la atmósfera política se vicie con esa idea y con el soniquete del «apaciguamiento», lo cual no es necesariamente lo mismo. Y de paso, Sánchez cree imponer un plus de forzada autoridad sobre el Tribunal Supremo insinuando que, dicte la sentencia que dicte, el poder judicial es subalterno del ejecutivo y siempre regirán las decisiones políticas sobre las sentencias judiciales. En castellano vulgar… el Gobierno orina más lejos. Emerge así un relato oficialista favorable al indulto, especialmente sugestivo y blanqueador con Oriol Junqueras, sobre la hipótesis múltiple de que la ruptura en el separatismo es irreversible; de que no merece estar en prisión; y de que ERC está dispuesto a liderar en Cataluña la etapa «post-procés» junto a Podemos y el PSC, con un tripartito que entierre definitivamente las cenizas del PdeCat. No obstante, el Gobierno anda en la construcción de ese relato martiriológico del secesionismo sin asumir el coste que pueda acarrear convertir a los políticos presos en víctimas, y a las instituciones defensoras del Estado en entes represores. El indulto no es un capricho voluntarista ni está regulado como moneda de cambio para la supervivencia política. Sería una perversión. Hasta ayer, eran el PSOE y Podemos quienes exigían legislar contra la concesión de indultos a políticos delincuentes, y ahora… anhelan indultarlos olvidando algunas premisas jurídicas relevantes. Un requisito esencial para la concesión de un indulto es que no se cause un perjuicio a terceros ni se lastimen sus derechos, y que antes haya sido oída la «parte ofendida». ¿Oirá Sánchez a todos los españoles que puedan sentirse «parte ofendida»? ¿Creará un registro público de «ofendidos» para que puedan opinar? Además, no tienen derecho a indulto los reincidentes, lo que exigiría de los condenados una renuncia expresa a volver a delinquir, un rechazo previo y convincente de que no instaurarán la «república catalana», y un compromiso firme de que no volverán a desobedecer a los Tribunales jactándose de ello. Indultarles sería tanto como arrancarles su alma separatista… porque además están obligados a dejar constancia ante el Supremo de su sincero arrepentimiento y a obtener el perdón de la «parte ofendida». Y medir el perdón de la «parte ofendida» arrogándose el sentimiento de cada español no es algo que fácilmente pueda hacer Sánchez en la soledad de su despacho.

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