La reposición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' registra un 10,1%.
"3 días para matar" lidera en La 1 con un 11,1% y 'Mentes criminales' se mantiene en un aceptable 5,8%
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[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas aquí] 1. El exabogado denuncia el autoritarismo de Podemos: «O aceptas o estás fuera». En las dos últimas semanas la Justicia parece haberse puesto del lado de José Manuel Calvente. El impulso que ha dado un juez de Madrid a su denuncia ante la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades contables en Podemos y el archivo de la querella que una compañera del equipo jurídico del partido presentó contra él por acoso suponen un balón de oxígeno para el letrado que Pablo Iglesias purgó en diciembre pasado por negarse a comulgar con actuaciones que los Tribunales dirán si se ajustaron o no a la legalidad. Lejos de arredrarse, Calvente ratificó el miércoles su denuncia ante el juez de instrucción número 42 de Madrid. 2. De la Mata pide sentar en el banquillo a la trama criminal nacionalista del 3 por ciento. El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». 3. Sanidad niega una segunda ola y los brotes en España ya rozan los 500. Los brotes activos en España rozan los 500. En concreto, ascienden a 483 y llevan 5.700 casos asociados. Así lo aseguró ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien le restó importancia asegurando que «el 75 por ciento de estos brotes tienen 10 o menos casos». En cualquier caso, advirtió de que «hay un 25 por ciento de brotes con un número importante de casos que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria». El número es algo mayor que el que por la mañana había dado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, quien aludió a 72 brotes menos. El aumento de brotes es tal, que el propio Simón reconoció ante los periodistas que al dirigirse a la rueda de prensa de todos los jueves, uno de sus técnicos le advirtió de nuevos brotes recién notificados. 4. Así pagarán las empresas el «plus del teletrabajo» a los empleados que realicen su labor a distancia. El teletrabajo se ha impuesto a la fuerza en algunos sectores productivos, sobre todo entre los que requieren mayor cualificación, de un día para otro en España. La pandemia del coronavirus ha sido la causa directa de que más de tres millones de ocupados, el 16,2% del total en base a la última EPA, hayan prestado sus servicios desde su domicilio «más de la mitad de los días» durante el segundo trimestre del año. Este porcentaje supone casi multiplicar por cuatro los niveles de 2019, cuando solo 951.800 personas -un 4,8%- admitía ejercer sus labores a distancia. «El teletrabajo ya existía antes del coronavirus y estaba creciendo gracias a la disponibilidad de medios telemáticos potentes y a un coste asumible. Con la pandemia no ha habido más remedio que 'imponerlo' para seguir pudiendo atender las operaciones y a los clientes», explica Susana Marcos, CEO de PeopleMatters. 5. Alerta sobre la «explotación» a la que Cuba somete a sus médicos en misiones exteriores. Organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos, así como Naciones Unidas, han cuestionado las condiciones a las que Cuba somete a los médicos que envía al extranjero, cuyo número aumentó los últimos meses ante la necesidad de algunos países de personal sanitario por la emergencia del Covid-19. La ONU ha llegado a afirmar que las condiciones laborales son muchas veces «explotadoras» y podrían suponer «trabajo forzoso». La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos que solicitan médicos cubanos que presionen a La Habana para exigir mayores libertades para quienes participan en esas misiones. 6. El fútbol español, incapaz de cautivar a sus jóvenes talentos. Lleva tanto tiempo siendo lo habitual que quizá por ello el personal lo vea ya como algo que toca asumir, pero no por ello la tendencia se vacía de significado para un campeonato, el español, que se desangra gota a gota dede hace un puñado de años. Lejos quedan ya los días de vino y rosas, con la Liga erigida como el jardín fetiche para cualquier futbolista que apreciase su propia talla. El fin de la época dorada nacional forma parte del ayer, y las consecuencias se apilan una tras otra, conformando una montón que va restando lustre al nivel de nuestro fútbol. El último ladrillo se llama Ferran Torres.
[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas aquí] 1. El exabogado denuncia el autoritarismo de Podemos: «O aceptas o estás fuera». En las dos últimas semanas la Justicia parece haberse puesto del lado de José Manuel Calvente. El impulso que ha dado un juez de Madrid a su denuncia ante la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades contables en Podemos y el archivo de la querella que una compañera del equipo jurídico del partido presentó contra él por acoso suponen un balón de oxígeno para el letrado que Pablo Iglesias purgó en diciembre pasado por negarse a comulgar con actuaciones que los Tribunales dirán si se ajustaron o no a la legalidad. Lejos de arredrarse, Calvente ratificó el miércoles su denuncia ante el juez de instrucción número 42 de Madrid. 2. De la Mata pide sentar en el banquillo a la trama criminal nacionalista del 3 por ciento. El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». 3. Sanidad niega una segunda ola y los brotes en España ya rozan los 500. Los brotes activos en España rozan los 500. En concreto, ascienden a 483 y llevan 5.700 casos asociados. Así lo aseguró ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien le restó importancia asegurando que «el 75 por ciento de estos brotes tienen 10 o menos casos». En cualquier caso, advirtió de que «hay un 25 por ciento de brotes con un número importante de casos que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria». El número es algo mayor que el que por la mañana había dado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, quien aludió a 72 brotes menos. El aumento de brotes es tal, que el propio Simón reconoció ante los periodistas que al dirigirse a la rueda de prensa de todos los jueves, uno de sus técnicos le advirtió de nuevos brotes recién notificados. 4. Así pagarán las empresas el «plus del teletrabajo» a los empleados que realicen su labor a distancia. El teletrabajo se ha impuesto a la fuerza en algunos sectores productivos, sobre todo entre los que requieren mayor cualificación, de un día para otro en España. La pandemia del coronavirus ha sido la causa directa de que más de tres millones de ocupados, el 16,2% del total en base a la última EPA, hayan prestado sus servicios desde su domicilio «más de la mitad de los días» durante el segundo trimestre del año. Este porcentaje supone casi multiplicar por cuatro los niveles de 2019, cuando solo 951.800 personas -un 4,8%- admitía ejercer sus labores a distancia. «El teletrabajo ya existía antes del coronavirus y estaba creciendo gracias a la disponibilidad de medios telemáticos potentes y a un coste asumible. Con la pandemia no ha habido más remedio que 'imponerlo' para seguir pudiendo atender las operaciones y a los clientes», explica Susana Marcos, CEO de PeopleMatters. 5. Alerta sobre la «explotación» a la que Cuba somete a sus médicos en misiones exteriores. Organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos, así como Naciones Unidas, han cuestionado las condiciones a las que Cuba somete a los médicos que envía al extranjero, cuyo número aumentó los últimos meses ante la necesidad de algunos países de personal sanitario por la emergencia del Covid-19. La ONU ha llegado a afirmar que las condiciones laborales son muchas veces «explotadoras» y podrían suponer «trabajo forzoso». La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos que solicitan médicos cubanos que presionen a La Habana para exigir mayores libertades para quienes participan en esas misiones. 6. El fútbol español, incapaz de cautivar a sus jóvenes talentos. Lleva tanto tiempo siendo lo habitual que quizá por ello el personal lo vea ya como algo que toca asumir, pero no por ello la tendencia se vacía de significado para un campeonato, el español, que se desangra gota a gota dede hace un puñado de años. Lejos quedan ya los días de vino y rosas, con la Liga erigida como el jardín fetiche para cualquier futbolista que apreciase su propia talla. El fin de la época dorada nacional forma parte del ayer, y las consecuencias se apilan una tras otra, conformando una montón que va restando lustre al nivel de nuestro fútbol. El último ladrillo se llama Ferran Torres.La tormenta Isaías se convirtió este viernes de madrugada en huracán categoría 1 al sur de las Bahamas con vientos máximos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).
Según el último boletín del NHC, de las 04.00 GMT, el ojo de Isaías está ubicado a 130 kilómetros al sureste de la isla Gran Inagua, al sur de las Bahamas, y avanza en dirección noroeste a unos 30 kilómetros por hora.
Los meteorólogos del NHC prevén que Isaías mantenga su dirección y que pueda tocar tierra en la islas del sur de Bahamas en las próximas horas, que pase cerca de las Bahamas centrales la próxima noche y el sábado puede tocar tierra en el norte del archipiélago y sur de Florida (EE.UU.).
El NHC no espera que Isaías se siga fortaleciendo al menos en las próximas 48 horas.
Isaías se convirtió así en el segundo huracán de la temporada en el Atlántico después de Hanna, que con vientos máximos de hasta 150 kilómetros por hora (categoría 1) afectó el sur de Texas y el noreste de México.
Isaías provocó fuertes lluvias y ráfagas de viento a su paso este jueves como tormenta tropical por la República Dominicana, donde ha causado un muerto por la caída de un cable de alta tensión y daños menores.
El huracán se acerca ahora a las Bahamas cuando no ha pasado ni un año desde que arrasara el país Dorian, que con sus potentes vientos dejó al menos 70 muertos y 300 desaparecidos, según cifras oficiales
La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este viernes de que el país registró 127 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, lo que supone el tercer día consecutivo con más de un centenar de nuevos positivos, la inmensa mayoría en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde se detectó un rebrote hace casi tres semanas.
Xinjiang aportó 112 de los 127 nuevos casos, mientras que el otro rebrote activo, el de la provincia nororiental de Liaoning, sumó 11 más, todos ellos por contagio local.
Los contagios detectados a viajeros procedentes del extranjero, conocidos como casos "importados", ascendieron a cuatro, tres de ellos en la provincia suroriental de Cantón y uno en la nororiental de Tianjin.
La tendencia de nuevos contagios continúa en ascenso en China, con 105 casos detectados este miércoles, 101 el martes y 68 el lunes, tras los 61 del domingo, los 46 del sábado y los 34 del viernes pasado.
Asimismo, la fuente oficial detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se dio de alta a 17 pacientes y 8 entraron en estado de gravedad, por lo que el número total de infectados activos en la China continental quedó en 684, 41 de los cuales permanecen en estado grave.
La Comisión no anunció nuevos fallecimientos por COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 84.292 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.974 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.
Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 787.335 contactos cercanos con infectados, de los cuales 18.461 continúan en observación, y de ellos dos serían sospechosos de haberse contagiado del virus.
En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 11 nuevos casos en este último informe, lo que deja el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 246.
Mientras tanto, en Hong Kong el rebrote detectado hace un mes sigue recrudeciéndose, con otros 149 contagiados más anunciados este jueves, lo que elevó la cifra total de casos confirmados en la región administrativa especial hasta los 3.151, de los que al menos 25 perecieron.
México llegó este jueves a las 46.000 muertes por COVID-19 y rebasó al Reino Unido como el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia (por detrás de Estados Unidos y Brasil), conforme a las estadísticas oficiales de las autoridades sanitarias mexicanas.
Los fallecimientos en el Reino Unido llegaron este jueves a 45.999, en tanto que México alcanzó los 46.000 tras sumar los 639 notificados en las últimas 24 horas.
México alcanzó 416.179 contagios con los 7.730 nuevos casos notificados en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta para un día desde la declaración de la pandemia a fines de febrero pasado.
Los contagios se incrementaron en un 1,89% y los decesos en un 1,4%, ambos porcentajes comparados con las estadísticas del día anterior, cuando se reportaron 45.361 fallecimientos y 408.449 casos en el país.
El director general de Epidemiología del Gobierno mexicano, José Luis Alomía, informó de que el número de casos estimados de COVID-19 en su país alcanza los 458.688 y las muertes estimadas llegan a 47.910.
Las estimaciones resultan de sumar los contagios confirmados más un porcentaje de sospechosos así como las muertes en espera de que se determine la causa, explicaron las autoridades sanitarias.
Alomía dijo también que en México hay 90.582 sospechosos de tener el virus SARS-CoV2, 604 más que el miércoles, de los cuales se calcula que el 46 % darán positivo a su prueba de laboratorio.
Las autoridades sanitarias mexicanas han practicado 968.536 pruebas para detectar la infección del coronavirus, de las que 461.775 dieron negativo, equivalentes al 47,6 %.
Alomía explicó que la cifra de pacientes recuperados alcanzó este jueves la cifra de 267.147.
La red hospitalaria del país para la COVID-19 está formada por 30.510 camas generales y por 10.298 de terapia intensiva para enfermos de mayor gravedad, explicó el director de epidemiología.
De las camas generales, 14.240 están ocupadas, lo que representa el 47% del total; y están en uso 3.922 de las de terapia intensiva, el 38% de la capacidad total, según Alomía.
Ciudad de México y los estados de México, Tabasco, Veracruz y Guanajuato son las entidades territoriales mexicanas con el mayor número de casos acumulados y en conjunto representan alrededor del 45 % del total del país.
Argentina registró este jueves su peor jornada desde que se inició la pandemia de COVID-19 en cuanto a muertes, al fallecer 153 personas debido a la enfermedad, una cifra que elevó el total de decesos a 3.441.
El Ministerio de Salud agregó en su informe vespertino la detección de 6.377 nuevos positivos, lo que también supone la cifra más alta diaria de casos, y los afectados totales por la enfermedad alcanzan los 185.373, de los cuales 80.596 han recibido el alta.
El foco principal de contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su populoso cordón urbano, perteneciente este a la provincia de Buenos Aires y con una alta densidad de población.
Es precisamente la provincia de Buenos Aires la que se destaca muy por encima del resto de jurisdicciones administrativas argentinas en cuanto a nuevos contagios, con 4.415, y fallecidos en las últimas 24 horas, ya que registró 116 de los fallecidos totales.
Por detrás se situó la capital, que notificó 1.239 contagios y lamentó 32 víctimas mortales.
Además, hubo fallecidos en las provincias de Río Negro (sur), que informó de dos muertes, y en Córdoba (centro), Mendoza (oeste) y Santa Cruz (sur), con un deceso cada una de ellas.
Más allá del AMBA, continúan activos con más fuerzas los brotes de la norteña Jujuy, que hoy notificó 161 casos del virus, Chaco (norte), que sumó 93 a sus registros, y Córdoba, que reportó 91 contagios.
El 54,4% de los casos del país sudamericano pertenecen a la circulación comunitaria, y este jueves se superaron los 100.000 casos debido a ese tipo de transmisión.
El 64,5% de las camas de cuidados intensivos del AMBA están ocupadas, mientras que el porcentaje baja al 55,3% si se tiene en cuenta el total del país.
Hay 1.076 pacientes de COVID-19 en total en ese tipo de camas en Argentina, en hospitales como el de Alta Complejidad, en el partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, dentro del AMBA.
Se trata de uno de los centros hospitalarios que no se usó en los últimos cuatro años y que hace dos meses y medio comenzó a recibir solo a pacientes de coronavirus, según fuentes del hospital, donde las imágenes de personas intubadas y médicos que trabajan a destajo son habituales estas semanas.
Mientras, el Gobierno de Alberto Fernández estudia cómo continúa la cuarentena obligatoria en el país, que desde hace dos semanas afronta un proceso de reapertura progresiva de comercios, y el periodo actual del aislamiento vence el próximo domingo.
Un total de 23 hospitales en Puerto Rico estaban este jueves funcionando con generadores de electricidad tras el paso del la tormenta tropical Isaías por la isla, en plena pandemia de COVID-19.
Así lo informó este jueves el secretario de Estado de la isla, Elmer Román, quien agregó que, sin embargo, uno de los principales, el Centro Médico, en San Juan, opera con normalidad.
Román ofreció este jueves una actualización sobre las cifras que deja tras de sí la tormenta tropical, que ha causado inundaciones en varias localidades, como Mayagüez, fuertes vientos y ha obligado a abrir las compuertas de varias presas además de dejar a 400.000 personas sin luz y 150.000 con interrupciones en el servicio de agua potable.
El peor parado de todas las instituciones hospitalarias en la isla es el Hospital de Cayey, en el centro de la isla, que no estaba funcionando ya que no cuenta con una planta de generación eléctrica.
Román también reveló que un 13% de las torres de telefonía móvil están fuera de servicio.
El número de personas que han acudido a las treintena de refugios habilitados es de 62, la mayor parte en Guayanilla.
La Guardia Nacional tuvo que rescatar el Mayagüez, oeste de la isla, a 25 personas atrapadas por las inundaciones.
El SNM además emitió aviso de inundaciones repentinas para varias localidades del oeste de Puerto Rico.
Esta tormenta tropical es el primer fenómeno meteorológico importante en el inicio del comienzo de la temporada de huracanes, que este año se prevé muy activa, según los pronósticos.
Las cifras del coronavirus en Puerto Rico no dan tregua y este jueves los datos reflejaron una subida general de casos positivos confirmados, que se aproximan a los 6.000, hospitalizaciones, personas conectadas a un respirador y fallecimientos.
Las hospitalizaciones entre el miércoles y este jueves pasaron de 495 a 504 y el número de personas que precisan de un respirador por la enfermedad, saltó de 37 a 40.
Sin embargo, las personas en cuidados intensivos bajaron de 66 a 63, y el total de muertes confirmadas suma 109.
El global de los resultados de casos positivos confirmados de la COVID-19 es de 5.920 y los probables 10.652.
Brasil sumó 1.129 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, tras registrar la víspera un nuevo récord, y el total ascendió a 91.263, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Salud.
El número de casos de COVID-19, por su parte, sobrepasó los 2,6 millones, al registrar 57.837 en un único día, lo que supone un leve descenso frente al récord de 69.074 contabilizado la víspera, cuando Brasil vivió su peor jornada en los últimos cinco meses.
Los números muestran la crítica situación que todavía afronta Brasil, el segundo país del mundo con más casos y decesos por coronavirus, tan solo por detrás de Estados Unidos.
El Gobierno brasileño también informó de que la cifra de recuperados supera los 1,8 millones, una lista en la que ya figura el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el pasado fin de semana anunció su recuperación tras pasar 20 días con el virus en su organismo.
El líder de la ultraderecha brasileña, de 65 años, participó este jueves en su primer acto público desde que dio negativo por COVID-19, una enfermedad que llegó a calificar en reiteradas ocasiones de "gripecita".
Tras llegar al aeropuerto de Sao Raimundo Nonato, en el empobrecido estado de Piauí, Bolsonaro montó a caballo entre sus seguidores y llegó a quitarse la mascarilla para saludar a los simpatizantes que se aglomeraron para recibirle.
En los últimos meses, Bolsonaro, uno de los líderes más escépticos sobre la gravedad del coronavirus, ha desafiado casi a diario al virus circulando por las calles plena cuarentena, al asistir a actos públicos sin la mascarilla preceptiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno.
Mientras Bolsonaro se encuentra recuperado, su esposa, Michelle de Paula Firmo, dio positivo este jueves, el mismo resultado del ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, quien es el quinto miembro del gabinete del presidente que contrae la COVID-19.
Josu Urruticoechea logró eludir a la Justicia durante 17 años. Finalmente, en mayo de 2019 fue arrestado en los Andes franceses con la colaboración inestimable de la Guardia Civil. Un respiro para sus víctimas que, sin embargo, ha durado poco. Porque ayer, el exnúmero uno de ETA abandonó la cárcel parisina de la Santé rumbo hacia un céntrico apartamento en el que residirá a partir de ahora bajo control judicial. Las casi dos décadas de lucha para darle caza, lamentan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se han hecho «añicos». «No podemos comprender cómo recibe un trato favorable mientras nuestros muertos continúan en sus tumbas, de donde nunca saldrán», denunció a través de un comunicado la asociación que preside Maite Araluce, que añadió que tampoco se entiende que haya que dar respuesta a «todos los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron». Ternera había solicitado abandonar el centro penitenciario de la Santé debido a su estado de salud, súplica que fue escuchada y aceptada por el Tribunal de Apelación de París. Hace años el etarra anunció que padecía un cáncer, lo que según su defensa se suma a otras enfermedades de diversa gravedad. Los abogados apelaron a que en el centro penitenciario parisino se han detectado varios casos de coronavirus. La decisión de la Justicia francesa permitirá al sanguinario etarra, imputado entre otros crímenes por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, pasar a un régimen de arresto domiciliario. Vivirá en el domicilio de una profesora de la Escuela Nacional Superior (ENS) residente en París. Allí continuará con sus estudios universitarios con la previsión de matricularse el próximo curso en tercero de Historia en la Sorbona. Asimismo, podrá salir hasta siete horas a la calle con total libertad -dos por la mañana y cinco por la tarde- con la única condición de no abandonar el país y de llevar consigo una pulsera telemática. De incumplir cualquiera de las normas que se les han impuesto, regresaría a la cárcel. «Que no se vuelva a fugar» Un «trato favorable», lamenta la AVT, que ha provocado que algunas víctimas llegaran incluso a necesitar asistencia por parte de su Departamento Psicosocial. En cualquier caso, una vez ratificada la decisión de los jueces, la asociación se resigna a pedir que «se cumplan todas las medidas necesarias para que Josu Ternera no se vuelva a fugar», como ya ocurrió en el pasado. «Las víctimas del terrorismo solo reclamamos justicia. Justicia a la que tiene derecho cualquier ciudadano», sentencia. Lo mismo reclama el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Desde la asociación de Consuelo Ordóñez destacaban ayer ante este periódico que nunca cuestionan «las decisiones judiciales, gusten o no». En cualquier caso, apuntaron que lo importante es que las autoridades francesas no permitan al terrorista escapar, y recordaron que está reclamado «por gravísimos delitos en España». Concretamente, la Audiencia Nacional envió dos reclamaciones de extradición y otras dos euroórdenes contra Ternera. Francia rechazó este julio una de ellas, referente a delitos de lesa humanidad, pero sí atendió la demanda por la participación del etarra en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas. Quedan pendientes otras dos causas por financiación de la banda terrorista a través de las «herriko tabernas» y por el asesinato del exdirectivo de Michelin Luis Miguel Hergueta. Marlaska pide la extradición A este respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exteriorizó ayer su deseo de que se resuelvan las órdenes de detención que pesan sobre el exlíder de ETA para que sea extraditado. En declaraciones a los medios durante una visita a un centro de atención a víctimas de trata, el mandatario socialista expresó su respeto por las resoluciones judiciales, y valoró la labor de las Fuerzas de Seguridad españolas y de la Gendarmería francesa en la captura de Ternera.
El presidente del Gobierno quería una imagen de unidad y consenso para la XXI Conferencia de Presidentes que tiene lugar hoy en San Millán de la Cogolla (La Rioja) pero sus dos principales aliados, el independentismo catalán y el nacionalismo vasco, rechazaron ayer formar parte de lo que consideran una estrategia de propaganda. La reunión, que tratará el reparto de los fondos de recuperación europeos y la actualidad sanitaria sobre los rebrotes del Covid-19, contará con la presencia del Rey en la apertura de la misma, acto que presidirá y tras el que mantendrá un encuentro informal con los presidentes de las regiones y Pedro Sánchez. Precisamente, la presencia de Don Felipe en la reunión fue el principal motivo que Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, esgrimió en su carta de rechazo para acudir a San Millán de la Cogolla enviada ayer mismo al presidente del Gobierno. En la misiva —como respuesta a una previa de Sánchez tramitada el miércoles—, Torra señaló que su gobierno «no comparte» que se quiera utilizar un encuentro sobre la crisis sanitaria y la crisis económica «para implicar» a la Casa del Rey, «que hoy está más cuestionada que nunca», y por lo tanto se use para «blanquear su imagen». En esta línea, el presidente autonómico recordó a Sánchez que el Parlamento de Cataluña («sede de la soberanía de los catalanes», apuntó Torra) pidió recientemente «la abdicación de Felipe VI». «Relación bilateral» Más allá de esta posición, también argumentó que, debido a la «situación muy complicada de la pandemia en Cataluña», considera recomendable quedarse en Barcelona, no desplazarse a La Rioja, y dedicar toda su «atención y dedicación» a intentar resolver la situación sanitaria en relación a los brotes. «El primero que tiene que dar ejemplo de la restricción de movimientos que hemos pedido a la ciudadanía es el presidente», añadió. Sobre la reunión en sí misma y las celebradas por videoconferencia entre los líderes autonómicos durante el estado de alarma, el presidente de la Generalitat indicó a Sánchez que, como ya le ha trasladado en otras ocasiones, se trata de reuniones «bien poco útiles porque se nos anunciaba una serie de decisiones ya tomadas y anunciadas públicamente el día antes, sin posibilidad de dialogar ni de pactar ningún cambio». Para Torra, estos encuentros, como el de hoy mismo, no son ejercicios de «cooperación», de «cogobernanza», «ni de nada de lo que se ha querido vender». Y no lo son, para el independentismo catalán, porque «la relación del gobierno de Cataluña con el Gobierno de España ha de ser bilateral». Por lo tanto, en su opinión, no es en un encuentro entre los diecinueve presidentes autonómicos (regiones y ciudades) donde se puede debatir y acordar «realmente» el funcionamiento de los fondos europeos para la reactivación económica tras el Covid-19. Finalmente, Torra —que no hizo mención alguna a las reivindicaciones secesionistas— reprochó al presidente del Ejecutivo que no se le haya respondido a ninguna de las propuestas económicas, que incluye la de que la Generalitat reciba 31.000 millones de euros de los fondos europeos. Urkullu culpa a La Moncloa Sin misiva de respuesta pero con el mismo resultado, Iñigo Urkullu tampoco asistirá hoy a la XXI Conferencia de Presidentes. La carta de Sánchez del miércoles no inmutó a un Urkullu que se mantuvo en sus trece: si no se fijaba la fecha de una reunión «bilateral» entre los gobiernos central y vasco, no tomaría parte en la «foto» de unidad que pretende vender el presidente socialista. De hecho, el lendakari ni siquiera se tomó la molestia de contestar a la carta, como sí hizo su homólogo catalán. Desde la presidencia vasca apuntaron ayer que la situación seguía igual, y volvieron a incidir en que las razones de la ausencia de Urkullu a la cumbre de La Rioja hay que buscarlas en La Moncloa, no en Vitoria. Fuentes de la Lendakaritza señalaron que el propio Urkullu telefoneó el viernes pasado a la ministra Carolina Darias para comunicarle que solo acudiría a la reunión de presidentes de hoy si se fechaba la Comisión Mixta del Concierto, destinada a fijar el límite de endeudamiento del País Vasco para este año. Un mensaje que el líder nacionalista transmitió oficialmente por carta a Sánchez este martes. Pero la respuesta no cumplió con las expectativas de los nacionalistas. El PNV, avezado a la hora de sacar petróleo de la debilidad del Ejecutivo de Sánchez, pactó en mayo esa reunión bilateral para incrementar su capacidad para endeudarse en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Desde el gobierno autonómico sostienen que se trata de una fórmula para paliar no solo la sensible caída de la recaudación, que se estima que oscile entre el 17 y el 20 por ciento, sino también la exclusión del País Vasco del último tramo de los fondos europeos. Una suma de 5.000 millones de euros de la que esta autonomía no se beneficiará debido a su «sistema tributario particular», que gira en torno al Concierto Económico y al Cupo. «Había un acuerdo firmado para que esa decisión se tomara en el primer semestre del año. No se ha hecho», sentenciaron los nacionalistas vascos. En este sentido, subrayaron que «el lendakari lo único que ha dicho es que sin fecha no va a la conferencia de presidentes». Y hasta ahora, no se ha producido anuncio alguno. Por si fuera poco, el enfado en el PNV se acrecentó este jueves tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno de España y el ejecutivo regional de Navarra. La presidenta autonómica de esta comunidad foral, María Chivite, anunció que había apalabrado pasar del 0 al 2,3 por ciento del PIB en su objetivo de déficit, el cual puede ser revisado al alza en septiembre. En Vitoria se cuestionan por qué este pacto no ha sido posible en el País Vasco. Con todo, Sánchez no tendrá, este viernes, la fotografía deseada de unidad y consenso. Una imagen que sus socios preferentes han evitado.
El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». De la Mata, además, sitúa a Osàcar, Viloca y Gordó al frente de una estructura «estable, permanente y sostenida en el tiempo», que tenía un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de Convergencia. Estos mandos políticos, además, tenían suficiente ascendencia con los funcionarios para exigirles que siguieran sus instrucciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que para su carrera profesional tendría seguir o no las indicaciones de estos individuos. Tres escalones El magistrado, en su auto de transformación a procedimiento abreviado –paso previo a la apertura juicio oral–, describe de forma muy precisa la estructura de la organización criminal nacionalista, que divide en tres escalones. En el más alto incluye a los tres exgerentes de la coalición, Gordó –mano derecha de Artur Mas–, Osàcar y Viloca, que eran los encargados de llevar un control de las licitaciones ofertadas por las distintas administraciones catalanas (ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat) dirigidas por esa formación. Estos dirigentes influían en los responsables de esas instituciones «a fin de conseguir que (las licitaciones) fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a ese pacto criminal». Ellos llevaban las cuentas, hacían el seguimiento de las deudas pendientes por las adjudicaciones concedidas y, «por supuesto, recibían los pagos». En el segundo escalón el instructor incluye a las autoridades de esas administraciones que, de acuerdo con la cúpula de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos con la finalidad de que fuesen adjudicados a las empresas convenientes. Las claves Denuncia de una concejal de ERC El caso del 3% comenzó por una denuncia en 2013 de una concejal de ERC. La Fiscalía Anticorrupción se sumó a las pesquisas en 2015. Una operativa sistémica Para el juez hay «una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico», inalterable aunque cambien las personas. Al menos 11 años de actividad De la Mata destaca que CDC no emprendió «ninguna iniciativa para mantener una actividad delictiva» de al menos 11 años. PDECat, lo mismo que Convergencia El instructor sostiene que el PDECat se creó para «desconectarse de las responsabilidades» en las que pudo incurrir Convergencia. El último de los escalones estaría formado por los pagadores, es decir, los empresarios que accedían a estas prácticas irregulares y que hacían pasar por donaciones a las fundaciones nacionalistas lo que eran pagos al partido para su financiación ilegal. El juez explica que todas estas acciones tenían como objetivo «subvertir el Estado de derecho, y mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio para el propio erario público». Cinco años Las actividades ilícitas investigadas se prolongaron entre 2008 y 2013, y como ejemplo basta señalar que solo la Fundación Catdem, de Convergencia, recibió unos cuatro millones de euros que fueron desviados al partido. El juez, en su auto de 304 páginas, detalla las adjudicaciones y donaciones sometidas a escrutinio y destaca la íntima relación temporal y causal entre los anuncios de las mismas, las reuniones entre los implicados, la adjudicación del contrato o servicio y las consiguientes donaciones. No obstante, precisa que no siempre existía esa exacta concatenación entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque las donaciones a veces se hacían para mantener «buenas relaciones» con Convergencia y situar a la empresa «en posición de acreedor con vista a futuras adjudicaciones». De la Mata recuerda asimismo que los hechos son posteriores al escándalo del Palau y que Convergencia no hizo nada por impedir que siguieran sucediendo esas cosas. El juez no suspende el tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa El magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña, con competencias sobre las prisiones de mujeres, negó ayer la suspensión del tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa. El juez Jesús Ignacio Moncada Ariza rechazó la petición de la Fiscalía, que pedía como medida cautelar la suspensión de la semilibertad, hasta que decida sobre el asunto de fondo. A diferencia de la juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña, que sí accedió a retirar el tercer grado a los presos de Lledoners (Barcelona), Moncada Ariza considera que la medida cautelar, pedida por la Fiscalía, «puede afectar a una restricción de derechos» para Forcadell y Bassa. Ayer, la Fiscalía completó los recursos presentados el martes contra el tercer grado a Josep Rull, Jordi Turull y la propia Dolors Bassa.
El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». De la Mata, además, sitúa a Osàcar, Viloca y Gordó al frente de una estructura «estable, permanente y sostenida en el tiempo», que tenía un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de Convergencia. Estos mandos políticos, además, tenían suficiente ascendencia con los funcionarios para exigirles que siguieran sus instrucciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que para su carrera profesional tendría seguir o no las indicaciones de estos individuos. Tres escalones El magistrado, en su auto de transformación a procedimiento abreviado –paso previo a la apertura juicio oral–, describe de forma muy precisa la estructura de la organización criminal nacionalista, que divide en tres escalones. En el más alto incluye a los tres exgerentes de la coalición, Gordó –mano derecha de Artur Mas–, Osàcar y Viloca, que eran los encargados de llevar un control de las licitaciones ofertadas por las distintas administraciones catalanas (ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat) dirigidas por esa formación. Estos dirigentes influían en los responsables de esas instituciones «a fin de conseguir que (las licitaciones) fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a ese pacto criminal». Ellos llevaban las cuentas, hacían el seguimiento de las deudas pendientes por las adjudicaciones concedidas y, «por supuesto, recibían los pagos». En el segundo escalón el instructor incluye a las autoridades de esas administraciones que, de acuerdo con la cúpula de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos con la finalidad de que fuesen adjudicados a las empresas convenientes. Las claves Denuncia de una concejal de ERC El caso del 3% comenzó por una denuncia en 2013 de una concejal de ERC. La Fiscalía Anticorrupción se sumó a las pesquisas en 2015. Una operativa sistémica Para el juez hay «una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico», inalterable aunque cambien las personas. Al menos 11 años de actividad De la Mata destaca que CDC no emprendió «ninguna iniciativa para mantener una actividad delictiva» de al menos 11 años. PDECat, lo mismo que Convergencia El instructor sostiene que el PDECat se creó para «desconectarse de las responsabilidades» en las que pudo incurrir Convergencia. El último de los escalones estaría formado por los pagadores, es decir, los empresarios que accedían a estas prácticas irregulares y que hacían pasar por donaciones a las fundaciones nacionalistas lo que eran pagos al partido para su financiación ilegal. El juez explica que todas estas acciones tenían como objetivo «subvertir el Estado de derecho, y mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio para el propio erario público». Cinco años Las actividades ilícitas investigadas se prolongaron entre 2008 y 2013, y como ejemplo basta señalar que solo la Fundación Catdem, de Convergencia, recibió unos cuatro millones de euros que fueron desviados al partido. El juez, en su auto de 304 páginas, detalla las adjudicaciones y donaciones sometidas a escrutinio y destaca la íntima relación temporal y causal entre los anuncios de las mismas, las reuniones entre los implicados, la adjudicación del contrato o servicio y las consiguientes donaciones. No obstante, precisa que no siempre existía esa exacta concatenación entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque las donaciones a veces se hacían para mantener «buenas relaciones» con Convergencia y situar a la empresa «en posición de acreedor con vista a futuras adjudicaciones». De la Mata recuerda asimismo que los hechos son posteriores al escándalo del Palau y que Convergencia no hizo nada por impedir que siguieran sucediendo esas cosas. El juez no suspende el tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa El magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña, con competencias sobre las prisiones de mujeres, negó ayer la suspensión del tercer grado a Carme Forcadell y Dolors Bassa. El juez Jesús Ignacio Moncada Ariza rechazó la petición de la Fiscalía, que pedía como medida cautelar la suspensión de la semilibertad, hasta que decida sobre el asunto de fondo. A diferencia de la juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña, que sí accedió a retirar el tercer grado a los presos de Lledoners (Barcelona), Moncada Ariza considera que la medida cautelar, pedida por la Fiscalía, «puede afectar a una restricción de derechos» para Forcadell y Bassa. Ayer, la Fiscalía completó los recursos presentados el martes contra el tercer grado a Josep Rull, Jordi Turull y la propia Dolors Bassa.¡Entérate de todo!