Ni las previsiones más optimistas hacían pensar que la inmigración ilegal en España descendiera en este 2019 tras haber cerrado en 2018 el año con mayor número de incursiones desde que hay datos, que además duplicaban ampliamente las cifras del ejercicio anterior. Las estadísticas del Ministerio del Interior, así como las de la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU (OIM) constatan tras el cierre de junio cinco meses seguidos de descenso en las entradas irregulares por tierra y mar a España, con lo que el balance del primer semestre refleja unos números muy positivos. A saber, de acuerdo con el Ministerio, en este periodo han penetrado en nuestro país sin la debida documentación 13.263 personas, —casi 10.500 de ellas por mar— lo que supone un 23,3% menos que las 17.300 que lo habían hecho en 2018 en iguales fechas. De este modo, la tendencia se aproxima más a lo que se vivió en 2017, como puede comprobarse en el gráfico situado junto a estas líneas. La OIM ofrece información mucho más detallada, no siempre coincidente con la de Interior, de la que se extrae que esa caída ha sido del 27,7% (12.992 inmigrantes en este junio a diferencia de los 17.950 del anterior). Las tablas de este organismo permiten a la vez ver aisladamente este último mes que, con 2.798 entradas ilegales registradas en total, es comparativamente mucho mejor que el de 2018, en el que se interceptó a 7.323 hombres y mujeres. El descenso en este caso sería del 62,8%. Una vez más, los números se acercan más a los registros de 2017, cuando en junio se computaron 2.352 inmigrantes. Contacto directo En un comunicado difundido ayer, el Ministerio da cuenta de «diversas medidas» adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde hace un año «ante las llegadas de inmigrantes a las costas españolas». Se citan los viajes del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los países de origen y tránsito de la inmigración —Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Gamiba, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Ghana— así como el refuerzo en particular de las relaciones con el primero de ellos. Se subraya, en este sentido, que las policías españolas y marroquí «han incrementado también su cooperación en la lucha contra las redes del tráfico de personas y han desmantelado organizaciones delictivas» en ambos territorios, algo que últimamente se traduce de forma efectiva en continuos anuncios oficiales de detención de mafias. En el escrito nada se dice de que las unidades de las fuerzas de seguridad de Rabat que navegan en el Mediterráneo se están implicando cada vez más en la detección de pateras y el rescate de sus ocupantes, que devuelven a África. Esta colaboración obedece a los compromisos que Marruecos va adoptando con la UE, que a cambio ha comprometido ayudas económicas millonarias, pero también a que un elevado porcentaje de quienes viajan en las infraembarcaciones que intentan cruzar a Europa son jóvenes marroquíes que escapan a una realidad de desempleo, de represión en algunas zonas, y al servicio militar recientemente recuperado por el régimen del rey Mohamed VI. Otra de las medidas que se mencionan en el comunicado oficial es la activación en agosto pasado de la Autoridad de Coordinación en la zona del Estrecho, Alborán y aguas adyacentes, que primero operó desde Sevilla y ahora lo hace desde Málaga.
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