El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente contra el magistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego después de que el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, le denunciara ante el Consejo tras una discusión en su despacho en la que, según Díez-Picazo, Borrego llegó a zarandearle al reprocharle el retraso en sus resoluciones. El magistrado lo niega. El entorno de quien representó a la Abogacía del Estado en la causa contra Artur Mas por el 9-N que se juzgó ante el Tribunal de Cuentas, y anteriormente a España ante el Tribunal de Estrasburgo, denuncia una campaña de acoso por parte del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de su amigo Díez-Picazo -cuestionado por su gestión en el caso de las hipotecas- por no haber querido renunciar a la prórroga que le permite trabajar en el Alto Tribunal hasta los 72 años que cumple en 2021. La lectura que se hace de este interés por que Borrego se vaya del Supremo es que despejaría el camino para que el actual CGPJ, cuyo mandato venció el pasado diciembre, pueda nombrar magistrado de esta Sala Tercera al que desde el principio era el candidato de Lesmes: el abogado del Estado Juan José Torres-Fernández. Se da la circunstancia de que Torres ya compitió por esta plaza con Borrego con escaso éxito pues obtuvo cero votos frente a los 16 (de los 21 votos) logrados por el actual magistrado. El expediente disciplinario que ha incoado el Consejo -fruto de unas diligencias de investigación anteriores y en el marco del que se le ha llamado a declarar- lo es tanto por el retraso o desatención en sus funciones como (relacionado con esta circunstancia) por el incidente que el propio Díez-Picazo denunció por escrito ante el Consejo, según confirmaron a ABC fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Y es que cuando apenas llevaba tres meses como magistrado, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya intervino a instancias de Díez-Picazo y de Lesmes ante los informes emitidos por el presidente de la sección de Borrego en la que se daba cuenta de la dificultad del nuevo magistrado para llevar los asuntos al día. El acuerdo de la Sala de Gobierno, del mes de marzo, interrumpía la designación de ponencias para que Borrego pudiera sacar adelante el trabajo y le daba un plazo de dos meses para actualizarse. Un acuerdo más reciente remitió los informes al CGPJ para que valorara si en ellos había materia disciplinaria. Cuando Díez-Picazo informó a Borrego de este extremo es cuando se produjo el enfrentamiento denunciado por el primero. El juez niega haber zarandeado a Díez-Picazo. Reconoce que ese atasco inicial se produjo por su proceso de adaptación al método de trabajo en el Alto Tribunal, diferente al del Tribunal de Cuentas, y a que inicialmente no contó con un letrado ni una secretaria que le ayudaran. Asegura que ya está plenamente integrado. El expediente sigue adelante y Borrego tendrá que declarar para esclarecer unos hechos que atribuye aun intento de manchar su carrera.De España https://ift.tt/2XJMBlx
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