El presidente de Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que el juez Salvador Alba Mesa, acusado de negociaciones prohibidas, entre otros, le dijo en su despacho que quería acabar con la carrera de su compañera Victoria Rosell, diputada de Podemos, y que él se prestó «al juego» porque lo había amedrentado de forma «mafiosa». «Me dijo que quería cargarse a esa hija de puta, a esa cabrona. Eso es lo que se escucha en la gra bación. Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política», ha señalado Ramírez, el testigo que aportó la grabación sobre la que giran ahora buena parte de las razones por las que la Fiscalía solicita que el juez Salvador Alba sea condenado a diez años de cárcel por cuatro delitos. «Como en Chicago» Ramírez ha alegado que cuando Alba lo citó a una reunión en su despacho, extraoficial, sin su abogado, decidió tomar «medidas de autoprotección», como la de llegar una grabadora camuflada como una llave de coche, e intentó seguir el juego a su interlocutor, un juez que lo había amedrentado con prácticas «propias del Chicago de los años treinta». «Una auténtica mafia», ha enfatizado. El magistrado Alba, suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos, ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de «prudente» al limitarse a enviar «informes» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál había sido su desempeño en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja, cuando lo que «le pedía el cuerpo» era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Supremo. Miguel Ángel Ramírez antes de entrar en el juicio como testigo - TVE Canarias Fraude La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado a juzgar este lunes al juez Salvador Alba por una serie de decisiones que tomó en 2016, cuando Victoria Rosell fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas en representación de Podemos y él la sustituyó en su Juzgado, haciéndose cargo, entre otros, del procedimiento de fraude fiscal abierto contra Miguel Ángel Ramírez. La Fiscalía y el resto de acusaciones sostienen que Alba manipuló ese procedimiento para perjudicar a Rosell tanto en su imagen profesional como política, en un momento en el que el exministro José Manuel Soria (PP) se había querellado contra ella en el Tribunal Supremo para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación de los delitos que se achacaban a Ramírez. Rosell salió indemne de esas acusaciones -archivadas tanto en la vía disciplinaria como en la penal-, pero la decisión del Supremo de admitir la querella de Soria y de abrirle una investigación la obligó a no presentarse a las elecciones generales de 2016. La defensa sostiene que esa grabación quiebra la protección legal que corresponde al despacho profesional de un juez y que, además, fue manipulada y editada en perjuicio de su cliente antes de entregarla a la Justicia, lo que la invalidaría como prueba. Garrido El fiscal Vicente Garrido, que decidió impulsar esta causa contra Alba cuando era fiscal superior de Canarias, ha recordado a la defensa que fue el propio Alba quien citó a Ramírez a su despacho a hablar extraoficialmente y quien dio los permisos necesarios para que accediera a la Ciudad de la Justicia no por la entrada principal, sino de forma reservada por el garaje del edificio. La acusación pública sostiene que ese permiso y el propio comportamiento de Alba en esa reunión anularon la protección de la que disfruta el despacho de un juez y que, todo lo más, el procesado solo puede quejarse de que el empresario quebrara su confianza. En la grabación que entregó al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria Miguel Ángel Ramírez en cuando Salvador Alba dejó de sustituir en él a Victoria Rosell (entonces en el Congreso), se escucha supuestamente al juez decirle al empresario lo que tiene que declarar cuando lo cite oficialmente para perjudicar a la diputada de Podemos, a cambio de una serie de ventajas para él. La defensa sostiene que el procedimiento es nulo no solo por quebrar la protección del despacho de un juez, sino porque, según su versión, se abrió a partir de dos audios extractados y «manipulados». Acusaciones Todas las acusaciones le han contestado que no es así: Se inicio, han recortado, porque Ramírez pidió declarar ante la nueva titular del Juzgado número 8, le contó lo que le había pasado con su antecesor y le entregó dos archivos de audio para que lo escuchara. Luego, cuando se le pidió el aparato con el que se hizo la grabación (grabadora camuflada con forma de llave de coche) fue la Guardia Civil la que encontró el audio completo en la carpeta papelera, han alegado las cuatro acusaciones (la Fiscalía y los abogados que representan a Victoria Rosell, a su pareja y al partido por el que de nuevo es diputada, Podemos). El fiscal del caso ha recordado al TSJC que hasta ahora ha validado siempre como prueba esa grabación, que fue hecha y aportada por una de las dos personas a las que se escucha en ella, y también que la Audiencia de Las Palmas ha archivado el procedimiento en el que Alba acusaba al empresario Ramírez de haberla falsificado. Y ha enfatizado: «Voluntariamente (Salvador Alba) permitió que un tercero entrara en su despacho. Lo citó él un día concreto, planificó la reunión y accedió a que entrara por los garajes. Ahora no puede sentirse engañado. Dejó de estar en el despacho de un juez porque él consintió que así fuera».De España https://ift.tt/2Xmu6V1
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