La red de los Cotino sirvió para pagar comisiones y desviar dinero al extranjero del caso Erial

A mediados de 2015 arrancaba la investigación por parte de la Guardia Civil -y posteriormente dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez- de unos hechos que revestían carácter delictivo y afectaban a Eduardo Zaplana. Las indagaciones de varios años han acabado sacando a la luz un supuesto entramado ideado por el exministro para el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El dinero obtenido, cifrado en 10,5 millones, se habría desviado posteriormente a sociedades en el extranjero, ocultándolo en cuentas, con la intención de retornarlo a España. Las primeras averiguaciones de ese mismo año, contenidas en informes que obran en el sumario de la causa, apuntaban a una relevante conclusión: existía un importante entramado empresarial de la familia Cotino, dentro del cual existen distintas operaciones de compraventa de participaciones, que parecen relacionarse de forma directa con la privatización de las ITVs y un plan con las nuevas fuentes de energía renovable (eólica). «Se deduce una relación más allá de la familiar en la que confluyen intereses empresariales entre Juan Cotino (exdirector general de la Policía), su hermano Vicente y sus dos sobrinos José y Vicente», señala la UCO. La primera operación vendría a través de la sociedad Proyectos Eólicos, a la que se adjudicaron tres zonas de los parques eólicos. Estaba participada por Endesa, Bancaja y Levantina Obras y Servicios. Esta última, del entorno de Vicente y José Cotino, es a su vez socio inicial de Inversiones Imison (que pertenece a ambos). Una de las empresas en las que participa es Valenciana de Revisiones, que adquirió otra zona de los parques eólicos. Inversiones Imison, dedicada a la explotación de canteras de áridos, tuvo de socios iniciales a Vicente Cotino de un lado y de otro a Servicios de Excavaciones (luego llamada Asedes Capital). A través de ella se llevaron a cabo varias operaciones: primero, habría transmitido el 99% de participaciones de Inversiones Imison a Imison Internacional, una sociedad constituida en Luxemburgo también relacionada con los Cotino pero gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, quien entregó al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Esta empresa se habría utilizado con el objeto de materializar el cobro de 6,4 millones de euros en comisiones ilícitas procedentes de Sedesa (otra empresa de los Cotino). El mismo día de la compra de esas participaciones, Servicio de Excavaciones adquiere las de la sociedad Inversiones Impega y de Fenix Investments (también radicada en Luxemburgo y vinculada al que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García). En Servicio de Excavaciones, destaca la Guardia Civil, figura también como socio Juan Cotino. «Operativa atípica» Las participaciones de Inversiones Impega (igualmente de Vicente Cotino y dedicada a la promoción y construcción de edificios) habrían pasado de Fenix Investments a Servicios de Excavaciones. Posteriormente, Sedesa habría adquirido participaciones de esta sociedad. Por último, aparece Valenciana de Revisiones, dedicada a la gestión del servicio de las ITVs. Sus participaciones habrían estado tituladas a nombre de Levantina Obras (en un 60%), la cual -como se ha referido anteriormente- interviene en la Sociedad Proyectos Eólicos. «Se trata de una operativa totalmente atípica desde la perspectiva financiera y mercantil», indica la UCO, para quien resulta evidente que el entramado era utilizado con el objetivo de desviar dinero al extranjero. Tanto Fenix Investments como Inversiones Imison fueron, en opinión de los agentes, «el vehículo corporativo para canalizar fondos que tuvieran por objeto el pago de comisiones pactadas y que se habrían obtenido de forma ilícita con ocasión de las adjudicaciones públicas». El capital de la primera de estas empresas llegó a transferirse y a pasar a manos de dos mercantiles de Uruguay. Imagen de un parque eólico en Aras de los Olmos - ROBER SOLSONA Un negocio de 86 millones con la venta de activos La Unidad de Crimen Organizado (UCO) ha cifrado en 86,5 millones de euros el negocio que la familia Cotino generó con la empresa Sedesa gracias a las adjudicaciones de las licencias de las ITV y las concesiones de parques eólicos de la Generalitat Valenciana y la posterior venta de activos. El sumario del caso Erial apunta a que al menos 8,5 millones de euros se habrían destinado «indiciariamente» al pago de comisiones a la red de Eduardo Zaplana y del que fue su jefe de Gabinete en la Generalitat, Juan Francisco García. Un correo electrónico dirigido a la Dirección General de la Policía revela que Juan Cotino –imputado en el caso– estuvo informado de la preparación del concurso del Plan Eólico cuando estaba al frente del cuerpo.

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