
El PP tiene claras sus prioridades. Una de las proposiciones de ley que presentó el partido en el Congreso de los Diputados justo después de que Pablo Casado sustituyera a Mariano Rajoy en la séptima planta de Génova 13 fue la referida a blindar los símbolos nacionales. El movimiento puso a cada uno en su sitio. Mientras los populares apostaron por crear una ley que castigase a quienes no respetaran la neutralidad de los edificios públicos o a quienes desdeñaran las figuras del Rey, el himno o la bandera, otros grupos –como los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos o populistas– no ahorraron esfuerzos a la hora de atacar un proyecto que el Hemiciclo tumbó. Ahora, con el curso político ya iniciado en el Senado, el PP insiste y acaba de registrar una proposición de ley en la Cámara territorial con el mismo objetivo: defender los símbolos nacionales por excelencia. Esta propuesta legislativa se enmarca en un contexto en el que los lazos amarillos son algo cotidiano en Cataluña, las ofensas a la figura del Rey han llegado hasta el pleno del Parlament –que incluso intentó reprobar a Don Felipe– y existe el peligro, como recoge el PP en el texto, de que el enfrentamiento social pueda «terminar poniendo en riesgo los principios y valores comunes trabados en la transición política y consagrados en nuestro texto constitucional». Por ello, el grupo popular en la Cámara Alta pretende blindar las figuras del Rey, la enseña nacional y las banderas oficiales de las Autonomías, el escudo constitucional y el himno para garantizar que no se realizan tratamientos ofensivos de las mismas. «Las autoridades públicas se abstendrán de realizar y corregirán en el acto, cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada», expone el texto, que también lanza una advertencia: la sanción por la comisión de una infracción muy grave «llevará aparejado el cese del cargo que ocupe su autor, salvo que ya hubiese cesado, y no podrá ser propuesto, ni nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo comprendido entre cinco y diez años». Impuesto de sucesiones El PP también acaba de registrar, también en el Senado, una nueva proposición para derogar la norma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la que introduce dos disposiciones para evitar que el IRPF y el Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se tengan que tributar por rentas que tengan que ver con herencias, donaciones «inter vivos» o la percepción económica por los beneficiarios de seguros de vida cuando el contratante sea una persona distinta al beneficiario.
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