El actor estadounidense Nicolas Cage parece tener dudas sobre su último matrimonio: ha presentado una demanda de anulación apenas cuatro días después de haberse casado en Las Vegas con la maquilladora Erika Koike. Según informa la cadena CNN, Cage, de 55 años, y Koike, bastante más joven que él, se casaron en Las Vegas el sábado 23 de marzo en lo que suponía el cuarto matrimonio para el protagonista de filmes como «Birdy» o «Peggy Sue got married» (Peggy Sue se casó). El miércoles siguiente ya pedía la anulación. Al parecer, la pareja protagonizó una desagradable escena en el registro. Según informaba el diario británico «The Daily Mail», cuando llegó el momento de formalizar el trámite, el actor, «probablemente borracho» según varias personas presentes, acusó a su novia a gritos de querer quedarse con su fortuna. «Se quiere quedar con mi dinero. ¡Ella se quiere quedar con todo mi dinero!», es la frase que no paraba de gritar. También se refirió al exnovio de su pareja como un «traficante de drogas», al tiempo que balbuceaba que «no iba a hacerlo». Se refería, según parece, a contraer matrimonio. Ante la amenaza del actor, la maquilladora le respondió: «Nunca te he pedido que lo hagas». Cage estuvo casado con la también actriz Patricia Arquette entre 1995 y 2001 y, posteriormente, contrajo matrimonio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, en una unión que apenas duró cuatro meses en 2002. El tercer matrimonio del ganador de un Oscar y un Globo de Oro por su papel en «Leaving Las Vegas» fue con la actriz Alice Kim en 2004, con quien tuvo un hijo antes de separarse dos años más tarde. El protagonista de «Arizona baby» tiene otro hijo con la que fuera su exnovia la actriz estadounidense Christina Fulton.De Estilo https://ift.tt/2WAaeJ0
Los 22.300 metros cuadrados de cemento que parten la Casa de Campo, lo que se conoce como el escenario de la Puerta del Ángel, ya no se convertirán en el bosque que el Gobierno de Manuela Carmena propuso y aprobó en marzo de 2018 en el Pleno de Moncloa-Aravaca, para atender las reivindicaciones vecinales. En apenas un año, la alcaldesa ha dado un giro de guión a esta iniciativa ecologista, vía decreto, para cambiar la plantación de árboles que prometió por euros extra en las arcas municipales. En el texto firmado por la regidora el pasado 15 de marzo, al que ha tenido acceso ABC, dictamina la entrega de la denominada Plataforma de Puerta del Ángel a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S. A., que continuará comercializando la explanada a terceros con los usos que hasta ahora ha tenido: espectáculos, conciertos, exposiciones y diferentes actividades lúdicas y de ocio. El mítico Circo del Sol podrá seguir instalándose allí; los residentes que se quejaban del exceso de ruido y tráfico en la zona durante los días de eventos multitudinarios vuelven al punto de partida. Regreso al origen Madrid Destino solicitó al Ayuntamiento la afectación de este espacio –ubicado en el paseo del Embarcadero, 3– el pasado 12 de febrero. Pero el trámite comenzó en octubre de 2018 a instancias de la Secretaría General Técnica del Área de Cultura y Deportes que dirige Carmena. El objetivo, que el ente público sumase el escenario de Puerta del Ángel al resto del complejo que explota en el Recinto Ferial de la Casa de Campo. No era una novedad. La compañía ya lo gestionaba cuando se llamaba Madrid Espacios y Congresos S. A. (Madridec), pero ésta se disolvió el 13 de marzo de 2014, con Ana Botella como alcaldesa (PP), para sanear la deuda de 24 millones de euros que bajo ese nombre arrastraba. Entonces, el patrimonio de Madridec pasó a manos del rebautizado organismo autónomo. Todo salvo este terreno de la Casa de Campo, que dependía hasta el pasado 15 de marzo directamente del Ayuntamiento de Madrid. Según indicaba Madrid Destino en su solicitud para recuperar la explanada, «por razones de eficacia y eficiencia hacen aconsejable restituir el bien a la situación jurídica previa a la disolución» de Madridec. La memoria económica que la sociedad pública entregó a la Corporación contempla, en consideración a la experiencia precedente y la aplicación de unas tarifas hipotéticas, una estimación inicial de ingresos anuales por gestión del espacio a terceros de 285.000 euros. Como la zona cuenta con numerosos desperfectos que hay que subsanar, esto supondría unos gastos de 16.000 euros derivados de las actuaciones de reposición de la zona asfaltado y de la suscripción de un contrato de seguro. Los vecinos de la Casa de Campo-El Batán y los activistas de la Plataforma Salvemos la Casa de Campo son los que más han luchado para reponer la vegetación extirpada sobre el escenario de Puerta del Ángel. Creían haber ganado la batalla, pero el interés económico al final ha sido el que se ha impuesto. Ahora Madrid llevó al Pleno de Moncloa-Aravaca en marzo de 2018 transformar el fragoso hormigón de esta superficie en un bosque. El plan salió adelante con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. Ambos reconocían los excesos en este espacio y el perjuicio para residentes y el parque; Ciudadanos se abstuvo. «Papel mojado» «No sólo las promesas de Ahora Madrid son papel mojado. Para este equipo de Gobierno lo son también los acuerdos de Pleno. La alcaldesa, por decisión propia, va a hacer caso omiso a transformarlo en zona verde y pretende hacer negocio con ella a través de Madrid Destino», considera el edil popular Fernando Martínez Vidal. Recuerda el concejal que Carmena será la única regidora que cerrará su mandato sin dejar un gran parque como legado. «Tierno Galván lo hizo con el espacio que lleva su nombre; Juan Barranco, con Pradolongo; Rodríguez Sahagún con el de paseo de la Dirección; Álvarez del Manzano, el Parque Juan Carlos I; Gallardón, Madrid Río, y Ana Botella, el Forestal de Valdebebas». La idea del distrito, que preside Montserrat Galcerán (quien no repetirá en las filas de Más Madrid, sino que hará frente a Manuela Carmena en el partido Bancada Municipalista), era demoler el pavimento y volver a su génesis: un gran bosque con vistas a la Cornisa del río Manzanares. Se perseguía, como recogía la moción, «disminuir la presión que los eventos culturales» ejercían en la zona, una acción que implicaba «no volver a autorizar eventos multitudinarios en el mismo». Sólo se permitirían aquellas en las que se garantizase «un mínimo impacto sobre el entorno». Aunque la iniciativa la presentó Ahora Madrid se trataba de una reivindicación promovida desde la Asociación de Vecinos de la Casa de Campo-El Batán y la Plataforma Salvemos la Casa de Campo. Ya en los años 90, estos últimos iniciarion una cadena de protestas, llegando a plantar árboles de manera simbólica en el entorno, para exigir la recuperación de la vegetación perdida. «Es frustrante y va en contra de la decisión de los ciudadanos y del acuerdo del pleno. Además, la decisión no es coherente con el discurso que mantiene el Gobierno municipal respecto a la contaminación, Madrid Central y el fomento del uso del transporte público», manifiesta Javier García, portavoz de la Salvemos la Casa de Campo. Este activista hace alusión al hecho de que los eventos que se celebran en el escenario de Puerta del Ángel ocasionan grandes atascos en la avenida de Portugal y alrededores. Cuando no hay espectáculos, el pavimento se convierte en un mini aparcamiento disuasorio para un centenar de vehículos, algunos propiedad de los agentes de Movilidad que trabajan en la zona, y otros de usuarios que utilizan la parada de Metro de la línea 6 que allí se ubica. «La Casa de Campo es un Bien de Interés Cultural y tiene que convertirse en un lugar atractivo. Por eso llevamos años solicitando que se transforme en un espacio de convivencia y uso vecinal, pero parece que han primado los contratos ocasionales o permanentes que se vayan a adjudicar», sentencia García.
Las graves irregularidades en el currículum académico del presidente del Gobierno no terminaron en la obtención de su título de doctor con una tesis deficiente y un tribunal sin capacitación. Solo cuatro meses después de leer su tesis sobre diplomacia económica, Pedro Sánchez ya había entrado en la rueda de la Universidad Camilo José Cela para fabricar nuevos doctores por la vía rápida, como hicieron con él, y que no les cerraran la facultad. Sánchez se doctoró el 26 de noviembre de 2012, y el 6 de abril de 2013, cuatro meses y diez días después, estaba sentado en un tribunal de tesis, un hecho que la comunidad académica califica como «insólito» y muy alejado de la normativa legal, pero que era habitual en la Universidad Camilo José Cela. Pedro Sánchez fue secretario del tribunal que calificó la tesis doctoral «El impacto social del terrorismo en el sector turístico», firmada por Begoña Torrente Barredo (el tribunal se compone de presidente, secretario y tres vocales, y todos ellos califican la tesis). El entonces diputado socialista en el Congreso no solo carecía de la experiencia académica necesaria para formar parte de un tribunal evaluador de tesis, sino que tampoco había escrito una sola línea sobre el tema que juzgaba, el impacto del terrorismo. Su currículum académico se componía de su tesis, «Innovaciones de la diplomacia económica española», y dos artículos que eran un corta y pega de esa misma tesis. El mismo 2013 publicó un tercer artículo científico, también copiado y pegado de su tesis, y sin cita alguna, como en los casos precedentes. Real Decreto Fuentes oficiales de la UCJC aseguran a ABC que sus tribunales de doctorado cumplen «los requisitos establecidos en la ley». El Real Decreto que regula estos estudios establece que todos los miembros de un tribunal de tesis no solo tienen que ser doctores, sino también «contar con experiencia investigadora acreditada». Todos los profesores y catedráticos consultados por ABC sostienen sin ambages que la Comisión de Doctorado de la UCJC no debió permitir la presencia de Sánchez en ese tribunal. Antonio Bascones, presidente de la Real Academia de Doctores, asevera que no conoce «ningún precedente de un señor que lea su tesis en noviembre y en abril ese mismo señor esté en un tribunal, yo eso no lo he visto». Bascones, catedrático de Medicina y con dos doctorados en su haber, añade que «los miembros de un tribunal deben tener una consideración académica importante, en el caso de la Complutense, por ejemplo, al menos un sexenio, seis años de investigación posteriores a la tesis, claro está». El presidente de la Real Academia de Doctores intuye qué puede haber detrás de esta mala praxis de la Universidad Camilo José Cela: «La ley obliga a las universidades a tener un porcentaje de profesores doctores para no cerrar la universidad. Entonces se sirven de cualquier artimaña para tener doctores de la forma más rápida posible. Ese es el tema, que hacen doctores a costa de lo que sea». Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, también es contundente: «No tiene sentido ser miembro de un tribunal de tesis cuando hace solo unos meses que has conseguido el título de doctor, nunca he estado en un tribunal así». El profesor Maroto sostiene que en estos casos «no se han aplicado los requisitos objetivos, que los miembros del tribunal tengan trabajos de investigación vistos por terceros, los sexenios, las tesis doctorales que hayas dirigido... Hicieron la vista gorda y, como nadie se oponía, cuela». Además, Maroto incide en que «cuando diriges una tesis procuras dar el máximo relieve posible al tribunal, que hayan escrito artículos sobre esa materia, porque con eso se lo doy al trabajo que se está juzgando». Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, tampoco da crédito a lo sucedido: «No, nunca me he encontrado algo así. Lo normal es que llames a personas que tienen relación con el tema de la tesis y que no sean recién doctorados. De hecho, tienes que dar una lista de diez posibles miembros de los que la facultad selecciones a los cinco mejores, sin que el director de la tesis ni el doctorando puedan intervenir. Los elegidos tienen que ser especialistas en el tema. Si no, ¿cómo van a juzgar la tesis?». El caso de Sánchez no fue el único en ese tribunal de tesis. La vocal Erika López Quesada se había doctorado el 15 de febrero de 2013, por lo que no llegaba ni a los dos meses de experiencia como doctora. Una enfermera Otra de las vocales que calificó la tesis sobre el impacto del terrorismo en el sector turístico junto a Pedro Sánchez fue la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha Rosa María Conty, que es enfermera, nada que ver con la materia de la tesis evaluada. El director y el codirector de la tesis eran los profesores de la Camilo José Cela Francisco Javier Aragón y Miguel Ángel Poveda.Como desveló el ABC, el tribunal que había juzgado cuatro meses antes la tesis de Sánchez, también se formó con recién doctorados sin conocimiento en la materia examinada. En esa fecha, la UCJC podía perder sus títulos porque no cumplía con el mínimo de profesores doctores que exige la ley.
Cómo se iban a imaginar los primeros «veraneantes» de Benidorm que hace un siglo paseaban por su costa sin obstáculos -apenas unos chalés que se contaban con los dedos de una mano- que hoy aspire a llegar a los 75.000 habitantes empadronados, supere el medio millón en verano y tenga a la vista una expansión urbanística de 1.200 viviendas en la zona de Poniente. De aquellos tiempos del incipiente turismo de «climoterapia», con baños de agua salada tan saludables, acaban de salir a la luz algunas fotos inéditas en el libro «Retrato del primer turismo de Benidorm. 1918-1936)», del fotógrafo alcoyano Francisco Mora Carbonell, gracias al trabajo artesanal y minucioso de recuperación desde un formato inusual -cristal- del editor, Vicente J. Sanjuán. Dos imágenes icónicas -ambas desde un mirador similar- que reflejan bien ese contraste de las vistas que ofrecía aquel pueblecito de pescadores antaño y las que se podrán contemplar en un par de años cuando TM Grupo Inmobiliario edifique el plan urbanizador, pueden compararse en este reportaje. La antigua se corresponde con «La Marquesina del hotel Bilbaíno», establecimiento fundado en 1928 por Pedro Cortés Barceló, antes mayordomo en varios buques de las Navieras Bilbaínas (de ahí el nombre). La moderna es una simulación virtual de cómo se podrá disfrutar de la expansión de Benidorm por el sur tras las próximas construcciones. En aquel rincón emblemático del litoral donde se levantó ese hotel, poco antes se veían los chalés de Arañó y Boronat (foto de apertura de este reportaje), que acompañaban a las primeras y solitarias edificaciones en la playa de Levante, Villa Lucía y el chalé de Payá. TM Grupo Inmobiliario ha adquirido 165.000 metros cuadrados de suelo muy cerca de la Playa de Poniente. Con este proyecto se construirán 1.200 viviendas residenciales de las cuales el 90% tendrán vistas al mar. El objetivo de la promoción es satisfacer la demanda de compradores nacionales y europeos. Esta adquisición, la cuarta de TM en Benidorm en los últimos tres años, «garantiza actividad en el sector inmobiliario para la próxima década». Durante este período se invertirán en torno a 260 millones de euros en su construcción, y supondrá un impulso económico significativo al municipio generando centenares de puestos de trabajo, de acuerdo con la compañía.
Nuevo caso de abusos sexuales a menores en la provincia de Alicante, en esta ocasión con el agravante de parentesco. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante juzgará a partir de este jueves a un hombre acusado de abusar sexualmente de forma reiterada de su propia hija, menor de edad, de acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Según explica el fiscal en su escrito de calificación de los hechos, el acusado, que tenía acordado un régimen de visitas con su exmujer por el que pasaba con la menor fines de semana alternos, aprovechaba los momentos en que se encontraba solo con su hija para someterla a tocamientos desde que la menor tenía ocho años. De acuerdo con las mismas fuentes, el Ministerio Público añade que cuando la víctima alcanzó los diez años, el acusado le mostró una película de contenido pornográfico. El fiscal reclamará en el juicio una pena de tres años de prisión para el procesado por un delito continuado de abuso sexual.
El Toledo ganaba por 0-2 en Casas Ibáñez cuando se llegó al descanso del partido. Con goles de Álex Pérez e Iván Bueno en los minutos 30 y 41, respectivamente, los verdes parecían tener el triunfo en sus manos. Sin embargo, el Atlético Ibañés llevó a cabo una segunda parte modélica y remontó la batalla con cuatro dianas logradas por Mondi (2), Pruden (de penalti) y Joaquín, en los minutos 55, 61, 77 y 88, respectivamente. El partido fue un «toma y daca» continuo entre dos equipos que jugaron con fútbol ofensivo total. El primer tiempo del CD Toledo fue muy bueno. También el Atlético Ibañés tuvo sus opciones, pero no las supo aprovechar. Tras paso por vestuarios, la defensa del Toledo hizo aguas por todos los lados, lo que derivó en que cada ataque de los rojiblancos eran un peligro para la meta defendida por el joven mexicano Tirso Trueba. El «Socu», en «play-off» En esta jornada destaca el triunfo del Socuéllamos en Puertollano por 1-2 lo que deriva en que los azulones ya son matemáticamente equipo de «play-off» de ascenso a falta de siete jornadas para el final de Liga. En otro encuentro en la cumbre, La Roda y el Atlético Albacete igualaron a un gol. Marcó primero el filial del «Alba» en el minuto 14 por medio de Castillo, pero igualó Félix para los rodenses en el 87.
Trabajaba en una empresa de construcción de Talavera de la Reina como medida de seguridad para ocultar su espurio medio de vida. El engaño lo mantuvo meses, hasta que unos policías nacionales lo detuvieron hace dos semanas. Wellington, dominicano de 33 años, está ahora preso en Ocaña, acusado de ser el cabecilla de una organización, de las más activas en la zona, que se dedicaba a la distribución de cocaína en la comarca y en las provincias limítrofes de Cáceres y Ávila. Pero no es la primera vez que pisa una cárcel. En Estados Unidos, de donde su mujer es originaria, Wellington estuvo interno también por tráfico de drogas. Y es algo que no esconde. En las redes sociales se le puede ver vestido con un uniforme marrón de presidiario durante una visita de su familia, en 2013, al centro penitenciario donde estaba recluido. En España fue arrestado en Madrid hace un año, en un control rutinario, cuando circulaba en un vehículo «caleteado» (doble fondo) para el transporte de droga. Llevaba medio kilo de cocaína, la misma cantidad que le ha llevado ahora a la prisión de Ocaña. Sin embargo, de la cárcel madrileña en la que ingresó salió después en libertad provisional. Luz roja Wellington, que se crió entre traficantes de estupefacientes, llevaba una vida aparentemente normal en Talavera, donde trabajaba para una empresa de construcción desde hacía unos cinco meses. Con pareja estadounidense (nacida en Nueva York) y padre de dos hijos menores de edad, tampoco se movía ni vestía de manera ostentosa. Y conducía un coche de gama media, un Opel Astra. En realidad, eran algunas de sus medidas de seguridad para enmascarar su ilegítimo negocio. Según la policía, Wellington era el jefe de una organización y daba instrucciones a Máximo —su lugarteniente y compatriota, ahora también preso en Ocaña — para distribuir cocaína a terceros. Contaban con la colaboración de una dominicana de 26 años, novia de Máximo, y de un español de 47. Fue el aumento de incautaciones de dosis de cocaína en la zona de ambiente latino en Talavera, en la que se concentran locutorios y bares, lo que encendió una luz roja en la comisaría de Policía a finales de 2018. Su grupo de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) indagó y averiguó que dos dominicanos podrían estar detrás de ese repunte. Uno de ellos, Wellington, había llegado a Talavera hace más de un año. Residía con su familia en un piso en la avenida del Príncipe, a unos dos kilómetros de la vivienda de la calle Alfares en la que su compatriota Máximo, un treintañero procedente de Galicia, se había instalado. La policía se centró en este último piso, de 80 metros cuadrados y cuyo alquiler de 400 euros se pagaba puntualmente. Además de lugarteniente de Wellington, Máximo también era el «caletero», es decir, la persona que custodia la droga en el «piso de seguridad». Aquí se reunía con su novia, que vivía en Galicia y a la que hacía encargos para el negocio. Pero el almacén para la mercancía no era ese, aunque no estaba muy lejos. Máximo se ausentaba de la vivienda con frecuencia y la dejaba sin vigilancia, lo que extrañaba a los agentes, ya que los narcos se roban entre ellos. La respuesta llegó más tarde. La operación New York (en alusión a la nacionalidad de la mujer de Wellington) deparó una sorpresa a los policías. En el mismo edificio, la organización pagaba otros 400 euros de alquiler por una vivienda destartalada y muy sucia, situada en otra planta, que empleaban como almacén para la droga. Era un segundo «piso de seguridad», una circunstancia inesperada e insólita para los agentes, que era la primera vez que lo veían en la ciudad. Y fue allí, precisamente, donde la Udyco halló medio kilo de cocaína. Distancia prudencial La investigación policial determinó que Wellington, benévolo con sus deudores, era quien daba las instrucciones y mantenía las primeras reuniones con los traficantes que luego trapicheaban. Máximo se encargaba de los contactos posteriores. Para transportar cocaína a pueblos cercanos y a otras provincias, Wellington y Máximo tomaban muchas medidas de seguridad, aunque no iban armados. El jefe conducía su Opel Astra de color gris y siempre iba por delante. Máximo circulaba detrás en su Seat León negro a una distancia prudencial, entre 50 y 100 metros. Siempre lo hacían así si la mercancía oscilaba entre 40 y 50 gramos; con cantidades más pequeñas, Máximo llevaba habitualmente el pedido. A primeros de marzo, la Udyco decidió acelerar la operación. Los agentes sabían que la organización había recibido mercancía, por lo que, el viernes 8, entraron en el piso donde vivía Máximo, que estaba acompañado de su novia. Los policías, que tenían controlado a Wellington, solo encontraron 60 gramos de cocaína. Pero sabían que había más. Dos destornilladores que Máximo tenía en su dormitorio levantaron las sospechas. Por eso los agentes fueron al otro «piso de seguridad», que revisaron durante horas. Como testigo, un español de 47 años, vecino del edificio y colaborador puntual de la organización. Los investigadores averiguaron para qué eran usados los detornilladores: Wellington y Máximo quitaban los tornillos de un mueble de madera en el que guardaban una balanza, sustancias para cortar la cocaína y el material para embalar la droga. Pero, ¿y la mercancía? Cuando el desánimo cundía entre los agentes, llegó un golpe de suerte. Se fijaron en un agujero, hecho a dos metros del suelo para instalar una caja de registro (un contenedor de conexiones eléctricas), y comenzaron a romper la pared, que era de pladur. El testigo, de repente, se puso nervioso. Finalmente, los policías localizaron el medio kilo de cocaína y 20.000 euros envueltos en un plástico y dentro de un calcetín blanco. Wellington, presionado por la Udyco, estuvo sin salir de su casa todo ese fin de semana. Dos días más tarde, se entregó en la comisaría seguido por los agentes.