
Emplearon su «influencia y ascendencia» política -adquirida con largas carreras en el PSC y la antigua Convergència de Catalunya- para manejar a su antojo la actividad urbanística en tres municipios de Barcelona en la era del ladrillo. A cambio, recibieron «ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial», corrompiendo de lleno la vida pública. La Audiencia Nacional considera probada la trama Pretoria, una red que anidó en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras epsc ntre 2002 y 2009, y ha condenado a once acusados a penas de hasta siete años de prisión. La mayor pena recae sobre los hombros de Luis Andrés García Sáez, alias «Luigi», condenado a siete años y un mes de prisión, quien fuera diputado del PSC entre los años 1980 y 1988. Los jueces consideran que Luigi -el «conseguidor» de la trama- intervino, manipuló y dirigió las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas: Pallaresa, Niesma, y Badalona, en las que forzó cambios para favorecer a empresarios, a cambio de contraprestaciones. «Dominio fáctico» En Santa Coloma, el exdiputado del PSC mantuvo «el dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística», gracias a su amistad con el entonces alcalde, Bartomeu Muñoz, del PSC y también condenado por estos hechos. El tribunal atribuye a Luigi los delitos de tráfico de influencias continuado en concurso con prevaricación, cohecho continuado, dos tráficos de influencias, y falsedad documental continuado. La servidumbre a Luigi de Muñoz, que también se benefició por corromperse, le ha costado una condena de cinco años y ocho meses de cárcel. La Audiencia Nacional asegura que el antiguo alcalde de Santa Coloma asumía como propias las decisiones de Luigi. Manuel Dobarco, el entonces teniente de alcalde de la localidad en el área de urbanismo, también se plegó y ha sido condenado a ocho años de cárcel. En la trama corrupta también participaron dos antiguos consejeros de la Generalitat de Jordi Pujol, hombres fuertes de la antigua Converèngia: Lluis Prenafeta y Macià Alavedra. Ambos han logrado esquivar la cárcel al ser condenados a un año y once meses de prisión, después de reconocer las acusaciones en el juicio oral y alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Deben abonar, eso sí, una multa de 5,8 y 3,2 millones de euros, respectivamente. La Audiencia Nacional ha certificado que ambos «se concertaron» con Luigi para amañar las adjudicaciones públicas y llenarse los bolsillos de comisiones ilegales. Ambos blanquearon además las mordidas que lograron gracias a favorecer a la trama corrupta con sus contactos. El tribunal aplica a los once acusados la atenuante por dilaciones indebidas por la lentidad de la justicia, pues la sentencia llegó ocho años y ocho meses después de la operación.
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