Casi dos años después de estallar el caso Negreira, por el que un juzgado de Barcelona investiga los pagos millonarios del Fútbol Club Barcelona a quien fuera el número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira , precisamente él es el único de los imputados que ha sido citado a declarar. El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo que comparecer ante el instructor a pesar de haber alegado que su deterioro cognitivo debería suponer motivo de exención, pero los forenses determinaron que sí era imputable. Así fue como finalmente tuvo que acudir a la Ciudad de la Justicia –donde protagonizó una caída ante las cámaras– y decidió guardar silencio a las preguntas del juez Aguirre, titular de Instrucción 1. Aunque el togado también acordó el pasado verano la citación de los expresidentes del club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, igualmente investigados por los pagos a Negreira durante sus respectivos mandatos, todavía no ha fijado fecha para ello. Varias defensas del caso apuntan a este diario que lo previsible es que se les cite cuando la Guardia Civil termine sus pesquisas. Hasta el momento, a pesar de que el juez ha afirmado en varios de sus autos que la finalidad de los pagos del Barça a Negreira era la obtención de favores arbitrales –«se presume por pura lógica», llegó a sostener– e incluso apuntó que «podría existir una corrupción sistémica» en el CTA, lo cierto es que, hasta el momento, no ha podido confirmarse dicha hipótesis. Sí que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros recibió más de 7,5 millones de euros del equipo azulgrana, al menos desde 2001 y hasta 2018, coincidiendo con su salida del CTA. Dinero que le llegó a través de varias sociedades, en algunas de las cuales también figuraba su hijo Javier Enríquez, igualmente imputado. Además, según las pesquisas del Instituto Armado, también la actual pareja del ex número dos de los árbitros, Ana Paula Rufas, recibió más de tres millones injustificados en sus cuentas entre 1992 y 2023, motivo por el que instructor le otorgó también la calidad de investigada, por blanqueo de capitales. Lo hizo el pasado agosto, en el mismo auto en el que prorrogó, –a petición de la Fiscalía y de la RFEF– otros seis meses la instrucción. Plazo que finaliza el próximo 1 de marzo, pero el instructor se jubila este enero, por lo que será un togado sustituto el que asumirá el caso hasta que la plaza de Instrucción 1 salga a concurso y la vacante se cubra de forma definitiva. Las defensas no esperan que durante todo este período se produzcan avances significativos. Entre otros motivos porque, ante este tipo de procedimientos tan complejos, no es habitual que un juez sustituto tome decisiones que afecten de manera significativa a la causa. Eso sí, no quedará paralizada, sino que seguirá su curso, al igual que sucede cuando los titulares están de permiso o vacaciones. De hecho, ya fue una magistrada de refuerzo, Silvia López, la primera que se hizo cargo del caso Negreira, cuando recayó por reparto en Instrucción 1. Aguirre, que también instruía otro asunto de gran complejidad, la denominada operación Voloh y sus derivadas –entre las que se encontraba la injerencia rusa del 'procés'–, lo asumió a mediados de 2023, cuando finalizó ese refuerzo. Además de ordenar el registro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y tomar declaración como testigos a decenas de colegiados, el instructor llegó a imputar a Joan Laporta por los pagos a Enríquez Negreira durante su primer mandato (2003-2010). Lo hizo después de haber afirmado que el supuesto delito habría prescrito, y de criticar su falta de ética. Sólo unos días más tarde, Aguirre emitió otro auto en el que cambió de opinión, y decidió investigar a Laporta y al resto de imputados por cohecho, al interpretar que Negreira, como vicepresidente del CTA, debía ser considerado como funcionario público, lo que alargaba los plazos de prescripción. La Fiscalía –al igual que las defensas– se opuso y, finalmente, el pasado mayo, la Audiencia de Barcelona excluyó el cohecho, exonerando así a Laporta. Pero la investigación aún no ha terminado. En su último informe incorporado al sumario, fechado a finales de noviembre, la Guardia Civil ratifica, entre otras cuestiones, que los importes percibidos por el exdirigente arbitral experimentaron un «notable incremento» coincidiendo con las presidencias de Laporta –durante su primera etapa– y Rosell –en algunos casos, «duplicando los registrados en otros periodos»–. También certifica que un exdirectivo del Barça, ya fallecido –José Contreras Arjona– y un abogado que tenía relación con este –José María Molinario Valls– «actuaron como intermediarios» entre el club azulgrana y varias sociedades de los Negreira, «obteniendo beneficios» por esa intermediación, y eleva el importe percibido por Negreira de los 7,5 a los 8,3 millones de euros. En sus conclusiones, los investigadores resaltan la «aparente anomalía e incongruencia de que el FCB realizase pagos al vicepresidente del CTA bajo el pretexto de asegurar la neutralidad en las decisiones de dicho organismo. Partiendo de la premisa de que el CTA debe mantener una gestión y adoptar decisiones neutrales dentro de su ámbito de responsabilidad, no se justificaría una transacción económica originada en un club que participe en la competición deportiva, con fin de garantizar la mencionada neutralidad». Además, el Instituto Armado corrobora los «vínculos» del juez de línea José Martínez Alfonso con Negreira y sus empresas «y el sistema arbitral» –habiendo cobrado el primero algunos de los cheques del Barça para el exdirigente del CTA, según él mismo explicó a la Agencia Tributaria–. Y concluyen que «los pagos constituyen una opacidad económica significativa», «no pudiéndose determinar el motivo real por el que se efectuaron, lo que genera interrogantes sobre la legitimidad de las transacciones», reza el informe. Presumiblemente, cuando los investigadores despejen alguno de ellos y presenten sus conclusiones definitivas, será cuando el resto de imputados sean citados a declarar.
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