EFE
- En China es legal mantener incomunicados y en lugar secreto a sospechosos hasta seis meses.
- La organización exige a las autoridades liberen a Chen Jianfanginmediatamente y sin condiciones.
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que las autoridades chinas mantienen incomunicada a la activista defensora de los derechos humanos Chen Jianfang desde su detención el pasado 20 de marzo.
En este tiempo, la Policía no ha aclarado por qué está detenida -informaciones sin confirmar aseguran que ha sido acusada de "subversión del poder del Estado", cargo usado frecuentemente por China contra activistas y disidentes- ni ha revelado dónde se encuentra.
La legislación china establece que la Policía tiene autoridad para mantener incomunicados y en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.
AI denuncia que Chen no ha podido contratar a un abogado de su elección ni ha podido ver a su familia, lo que, en su opinión, eleva los temores de que se encuentre "en riesgo real de ser torturada y de sufrir otros malos tratos".
Según allegados, su arresto podría haberse debido a un artículo que publicó tan solo seis días antes en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su amiga y compañera, la abogada y activista Cao Shunli, acaecido tan solo seis meses después de haber sido detenida.
Fuentes consultadas por AI relatan que Chen y su marido fueron detenidos en la mañana del 20 de marzo, sin ser informados de cargo alguno contra ellos.
El hombre fue liberado bajo fianza el 3 de abril, pero desde entonces las fuerzas de seguridad han mantenido su hogar bajo vigilancia y han presionado a familiares y vecinos para que no hablen sobre la situación de Chen.
En junio, su abogado se presentó ante las autoridades para preguntar por el caso, pero éstas se negaron a proporcionarle información alegando que no era un representante legal válido.
La organización exige a las autoridades chinas que liberen a Chen inmediatamente y sin condiciones al considerar que se trata de una "presa de conciencia a la que han privado de su libertad únicamente por ejercer sus derechos humanos de forma pacífica".
La activista ha sufrido persecución policial desde principios del año 2000, cuando comenzó a reclamar indemnizaciones a las autoridades después de que las zonas de cultivo en el pueblo de las afueras de Shanghái donde vivía fuesen expropiadas para llevar a cabo promociones inmobiliarias.
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